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15/06/2021
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Con críticas a administraciones pasadas, el Gobierno reivindicó su política habitacional

Kicillof dijo que se hizo cargo de los que gestiones anteriores no asumieron. Teresa García habló de malversación de la tierra pública.

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministra de Gobierno, María Teresa García, reivindicaron la política habitacional de su administración y la estrategia en torno al conflicto de la toma de tierras en Guernica, y con críticas a gestiones pasadas indicaron que hubo un mal uso de la tierra pública.

Kicillof reafirmó su compromiso “en nombre del Estado” a hacerse cargo de lo que “otras administraciones no asumieron”, como el déficit de viviendas en el distrito, y consideró que el proceso que puso fin a la toma de tierras en Guernica fue “una respuesta muy novedosa y buena” porque pospuso todo lo posible el desalojo para lograr un trabajo interministerial que le dio soluciones a la mayoría de las familias.

En una entrevista publicada por el diario Página 12, el gobernador afirmó que él dio personalmente la orden de que no hubiera represión en el desalojo realizado días atrás en el predio de Guernica, reiteró que “las tomas no son la solución” y afirmó que el rol de la policía consistió en hacer cumplir la orden de un juez. “Los mismos que pedían sacar a la gente a gas y perdigón el primer día, después hablaban de violento desalojo”, ironizó Kicillof, para quien la oposición y los medios hegemónicos “trabajan para generar malestar”.

Kicillof planteó que en Guernica “se dio una respuesta inédita” y aseguró estar “muy orgulloso de haberlo hecho de esa manera”, en alusión a los 40 días de negociaciones con los últimos ocupantes del predio, luego de que la mayoría aceptara una salida pacífica del lugar. “En el conurbano hay 1800 asentamientos, eso habla de una deuda dolorosa de falta de vivienda”, analizó por otra parte.

Para Kicillof hubo un “abandono del Estado”, que generó “una olla a presión” en los años previos a su gestión. “En estos días hemos escuchado muchas palabras de Néstor. Yo les digo: vengo en nombre del Estado de la Provincia a hacerme cargo de eso que otras administraciones no asumieron”, afirmó.

El mandatario aceptó que “una familia que va a una toma no está dando un paso feliz, es una situación de desesperación”, pero consideró que “dado lo complejo de toda la situación” se dio “una respuesta muy novedosa y buena”. Y añadió: “Creo que se dio una respuesta inédita, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho de esta manera. Cuando se agotaron las instancias de diálogo, cuando ya era claro que no había forma de encontrar esta respuesta, lo que quedaba era ejecutar la orden de la justicia y sin violencia. Eso también se logró”.

Objetivo: countries

Por su parte, García consideró que hubo una “malversación y mal uso de la tierra pública” en la provincia de Buenos Aires y advirtió que eso causa una “pérdida de 1500 millones de pesos” al distrito. En declaraciones a radio Rivadavia, se refirió a las iniciativas para regularizar la situación fiscal en barrios cerrados y apuntó que, en esos casos, “el primer afectado es el propietario” porque, cuando hay irregularidades, no puede escriturar.

En ese marco, la funcionaria de la administración de Kicillof rechazó las acusaciones en cuanto a que exista un interés en “atentar contra la propiedad privada” en el objetivo de buscar regularizar la situación fiscal de countries y barrios cerrados. “El primer afectado es el propietario porque no tiene título de propiedad”, dijo la ministra de Gobierno sobre los casos de irregularidades fiscales y, en segundo término, “la provincia” porque recibe una recaudación que no condice con la realidad.

La funcionaria dijo que “hay municipios que han cumplido con las ordenanzas y municipios que no”, pero aseguró que el tema “está bastante avanzado” a partir de las acciones que tomó la gestión, luego de comprobar que el problema “ocasiona a la provincia una pérdida de $1500 millones”.

“Ha habido una malversación y mal uso de la tierra pública”, planteó García y puso como ejemplo la explotación forestal en el Delta, donde “algunas empresas hace 20 o 25 años no han pagado el canon” a la provincia. (DIB) FD

 
 

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