Los subsidios de hasta $ 50 mil para personas con problemas habitacionales que el Gobierno lanzó este martes y generaron quejas en la oposición alcanzarán a entre 360 y 2 mil personas hasta fin de año, pero aún no está claro de qué forma se puede acceder a ellos.
El beneficio fue dado a conocer ayer con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 938/20, que dispone la creación del “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional”, consistente en el pago de un subsidio de hasta $ 50 mil durante 3 meses, prorrogables por un lapso similar. De este modo, una familia podría llegar a cobrar hasta $ 300 mil durante 6 meses.
La medida despertó fuertes críticas de la oposición, que aseguró que se trataba de un “beneficio para usurpadores” y lo relacionó con las tomas de tierra como la que transcurre en Guernica. Sin embargo, en la norma solo se menciona que se busca asistir a “población vulnerable” para que puedan acceder a vivienda y alimentos.
Pese a lo extendido de la polémica, el subsidio alcanzaría, en principio, a entre 360 y 1.800 familias: es que el decreto establece una partida presupuestaria de $ 54 millones para los tres primeros meses. Es decir que si el Gobierno decidiera otorgar el máximo monto a cada solicitante, le alcanzaría para cubrir a 360 familias. Fuentes oficiales indicaron que el monto máximo se otorgará para casos de “extrema necesidad” y aseguraron que subsidios similares en la actualidad alcanzan los $ 20 mil, lo que implicaría llegar a alrededor de mil beneficiarios. Si se les diera $ 10 mil a cada uno cubrirían a 1.800 familias.
Por lo demás, el decreto deja la reglamentación del programa en manos de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y Hacienda, por lo que en la norma publicada ayer aún no está claro cómo será el mecanismo para acceder al beneficio.
Si bien se dispone que el subsidio es destinado a “aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad social dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires”, no se precisa cuáles serán los requisitos de inscripción ni qué aspectos se evaluarán para otorgar el beneficio. Solo se precisa que será la Subsecretaría de Políticas Sociales quien -a partir de un informe social- fijará la escala de montos a otorgar “de acuerdo con la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca”.
Desde el Gobierno precisaron que para definir los beneficiarios y el monto se realizará un control socioambiental, a cargo de agentes de Desarrollo de la Comunidad, que evaluarán las condiciones en las que viven los solicitantes, si poseen trabajo, deudas y qué necesidades tienen insatisfechas .
El decreto señala que el subsidio deberá ser destinado únicamente a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional” y “alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad”.
La polémica
Tras la publicación del decreto de creación del programa, la oposición cuestionó en duros términos al Gobierno provincial.
La exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que “pese al mérito y el sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle, y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof le responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera de él”. Y comparó que un policía gana “$ 44.000”, mientras que dijo que con el programa un “usurpador”podrá acceder a un ingreso de $ 50.000.
En tanto, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sostuvo: “50 mil pesos a cada usurpador de Guernica. Cero pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. Cero pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten”. Y agregó: “El que labura cierra y el que usurpa hace negocio”.
En tanto, Martín Yeza, de Pinamar, sostuvo que “hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras y luego no los desalojan, sino que de hecho les dan más plata”.
Ante las críticas, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicó que se trata de una actualización de ayudas que ya existían y que la herramienta buscará “responder a situaciones híper concretas y excepcionales de extrema vulnerabilidad”.
Además, aseguró que “el decreto plantea una adecuación normativa a los efectos de ampliar tanto en términos de montos como en términos de periodos subsidios que ya existen”.
“En función de la situación muy compleja que vive la provincia, teniendo en cuenta la crisis económica heredada y la situación agudizada por la pandemia, se planteo una adecuación para atener instrumentos más flexibles para responder a situaciones híper concretas y excepcionales, situaciones de extrema vulnerabilidad”, señaló.
El ministro indicó que “de ninguna manera” el subsidio “debe trascender como una política generalizada”, y advirtió que para la entrega de los montos primero habrá revisiones de las asistentes sociales de su cartera sobre las situaciones particulares de los posibles beneficiarios. Además, indicó que “es supervisado por los tres organismos de control que tiene la Provincia”. (DIB)