El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó este miércoles en defensa de la propiedad privada y reclamó que el Estado actúe para defender ese derecho tutelado por la Constitución.
“Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos”, escribió Larreta en un texto difundido en sus redes sociales.
Consideró que “es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”. Y recordó que la Constitución establece en su artículo 17 que “la propiedad es inviolable y solo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma”. En ese sentido, enfatizó en que “para disponer de los bienes, producir e invertir, es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad; es una obligación del Estado protegerlos”.
La toma del campo de la familia Etchevehere, en la que participan militantes cercanos al dirigente Juan Grabois, ya había originado un comunicado de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio días atrás. “Le pedimos al Gobierno que haga una defensa clara de la propiedad privada y le exige que garantice el cumplimiento de este derecho constitucional sin ambigüedades. Además, le solicita a los funcionarios que integran el la coalición de gobierno que se abstengan de tomar posiciones en favor de la toma de tierras”, habían señalado los dirigentes.
Larreta decidió pronunciarse en ese mismo sentido, pero con un mensaje propio, y evitando apuntar específicamente al Gobierno de Alberto Fernández. Además, hace referencia a la difícil situación que atraviesan miles de familias.
“Esto no significa que no haya que atender las situaciones de un enorme déficit habitacional que la Argentina tiene. Hay que atender las dos realidades en simultáneo: por un lado la defensa irrestricta de la propiedad privada y la vigencia de la ley; y por el otro la urgencia de generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social. Un derecho no puede ser en desmedro del otro”, concluyó. (DIB) FD