El Tribunal de Casación bonaerense rechazó el recurso interpuesto para impedir el desalojo de los terrenos ocupados en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, por lo que el operativo deberá realizarse tal como lo dispuso el juez de la causa, Juan Martín Rizzo, antes del 30 de este mes.
En la resolución, los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, titulares del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, declaran “procedente” la queja iniciada por el defensor oficial de la unidad de Defensa Penal Descentralizada del partido de Presidente Perón, Juan Pablo Stasi, pero destacan que el recurso de casación no era “admisible”.
De esta manera, la Justicia denegó el último recurso presentado por los abogados que representan a las familias que ocupan desde julio el predio de más de mil hectáreas en Guernica.
Stasi había argumentado que “la ejecución de la medida cautelar implicará el lanzamiento de aproximadamente 1.904 familias que habitan los inmuebles, de las cuales 1309 están conformadas con niños, niñas y adolescentes y 307 con personas mayores que viven solas” y solicitaba además declarar inconstitucional el artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense.
En respuesta, los jueces Kohan y Natiello explicaron que “no se alcanza a verificar que en la cuestión a dilucidarse el peticionante haya fundado debidamente su pretensión, demostrando de manera manifiesta, clara e indudable la repugnancia de la norma cuya validez se cuestiona con cláusulas constitucionales”.
Los terrenos reclamados por sus propietarios fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Abe recordar que ayer el Gobierno bonaerense propuso reubicar en refugios a las familias que aún mantienen la toma de un predio en Guernica, y las organizaciones políticas y sociales que las representan prometieron contestar en 48 horas si aceptan la oferta y desalojan el terreno.
El encuentro, que fue encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se dio en el marco de las conversaciones entre el Gobierno y los ocupantes del predio de más de 100 hectáreas, con el objetivo de lograr una salida pacífica. Las negociaciones son a contrarreloj, puesto que a partir de ayer rige la orden judicial de desalojo, que podría realizar la policía entre el 15 y el 30 de octubre.
Según pudo saber DIB, el Gobierno ofreció reubicar a las personas que mantienen la toma (unas 150, según los números oficiales) en refugios. (DIB) FD