El Gobierno provincial emitió un comunicado este domingo en el que apuntó contra “un grupo de organizaciones políticas” que “de manera violenta” impidió la asistencia a familias que son parte de la toma en la ciudad de Guernica, cabecera del partido de Presidente Perón.
La administración bonaerense habló de “una situación grave e inédita”, al señalar que “un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”.
El conflicto surgió en el marco de una jornada de asistencia integral del que participaban representantes de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; y de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza.
“El esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contó con la participación de 150 trabajadores y trabajadoras de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal”, indicó el Gobierno en el comunicado.
Y agregó: “A su vez, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género a las que ya se encuentra asistiendo; y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio. Ésta actividad no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones”.
El Gobierno señaló que “el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto a las otras áreas del Estado provincial y el municipio de Presidente Perón, está desarrollando todos los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y consensuada” y recordó que en ese marco “el juez interviniente en la causa postergó el desalojo previsto para el día 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre”.
En el escrito del Gobierno no se detallaron cuáles fueron los hechos violentos y se pidió seguir trabajando en el diálogo. Además, Provincia asumió “el compromiso de seguir caso por caso la situación de cada una de las familias que presente real necesidad”.
Las autoridades recordaron que “la problemática de hábitat involucra a miles de personas en el distrito de Presidente Perón y a muchísimas más en la provincia de Buenos Aires, que no están en situación de toma”. “El Estado está trabajando para dar una respuesta estructural, pero reiteramos que las vías de solución deben ser institucionales y que la toma de tierras de ninguna manera puede ser el camino”, advirtieron. (DIB) MT