Por Andrés Lavaselli
Aunque los policías volvieron al trabajo, la crisis que se abrió la semana pasada aún esparce sus efectos políticos al interior del oficialismo. Es que solo en relación a aquella protesta se entiende la intensificación de la pelea entre el ministro Berni y los intendentes peronistas del conurbano. Y es también ese el detonante de la maratón de paritarias que se desarrollará la semana entrante.
El primer movimiento público que hizo Berni, el mismo día en que se cumplía una semana de la parada frente a la residencia de Olivos, fue declarar que la protagonista exclusiva del motín fue la policía local. Es una verdad –relativa- con un destinatario implícito: los intendentes, que son quienes tienen una relación directa con los jefes que controlan a esa tropa.
Los curtidos alcaldes enseguida decodificaron que se los estaba acusando, de modo algo indirecto pero público y desde el interior del gabinete, nada menos que de haber dejado correr –de mínima- la rebelión. Por eso, esa especie de primus inter pares aspiracional que es Martín Insaurralde le salió al cruce a Berni, de modo explícito, lo que no es nada frecuente. Y lo hizo con el respaldo de Sergio Massa.
Para entender la entretela de la pelea hay que comprender que el funcionamiento de la policía está envuelto en un laberinto reglamentario, que el propio Berni comenzó a modificar en mayo pasado, con la resolución 341. Los efectivos que ingresaron a las fuerzas locales durante la gestión Scioli fueron absorbidos por la Bonaerense en los años de Vidal, pero la estructura propia de promoción y mando, en la que los alcaldes siempre tuvieron injerencia, no terminó de disolverse. Por eso, por caso, esos agentes no tienen un horizonte de ascensos igual al del resto, lo que aún no se cambió.
A esta altura, son sutilezas técnicas: cuando Berni apuntó a los antiguos “pitufos” (al principio, cuando eran una fuerza aparte, usaban uniformes celestes) en realidad hablaba de los vínculos de sus jefes de uniforme con los intendentes, que se mantienen más allá de cambios reglamentarios. Los alcaldes, que están furiosos, contestaron a esa acusación a través de Insaurralde, que al defender la continuidad de las fuerzas locales, refutó a Berni y su teoría del complot para perjudicarlo.
Con todo, la de los alcaldes podría haber sido una jugada no tan inteligente. Al responder asumieron la pelea y dieron a Axel Kicillof un motivo político para no echar a Berni, pese a que la actuación del ministro durante la crisis no lo convence. Es que correrlo, ahora que los ataques son a cielo abierto, equivaldría a ceder ante los alcaldes. Él, mientras tanto, impulsa cambios cosméticos en la cúpula.
Por otra parte, esa no es la única querella en torno a la seguridad. Entre los propios intendentes hay ruido por este tema. No logran ponerse de acuerdo respecto de cómo operativizar la adquisición de los 2.400 patrulleros que se anunciaron para 24 distritos del Conurbano justo antes de que estallara la protesta. Kicillof los chicanea: les mandó a decir que Alberto Fernández le mandó a él los fondos necesarios y que está a la espera de que firmen los convenios correspondientes para que sean ellos los que compren, como pidieron.
Hay allí un doble mensaje. 1) Nación no “puentea” aquí tampoco a Provincia en beneficio de los municipios, como los alcaldes se habían acostumbrado a que ocurriese desde la época de Scioli. 2) ¿A qué se debe la demora, en un sistema de compras local que los propios alcaldes dicen que es mucho más rápido que el provincial? Y hay una incógnita: ¿Por qué sus propios pares excluyeron a Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, del reparto?
Por adelantado
El otro frente que modificó la crisis policial es el gremial, porque el aumento a los uniformados es la causa directa de que haya paritarias miércoles, jueves y viernes, con estatales, docentes y judiciales. El gobierno las había previsto, pero tuvo que adelantarlas. Llega, de todos modos, con una decisión tomada: habrá aumento salarial, de asignaciones familiares y de jubilaciones.
Eso corre la negociación a la cuestión de los montos: el Ejecutivo se parará en un objetivo modesto pero posible: que este año no haya pérdidas contra la inflación. Los gremios quieren recuperar algo de lo perdido en los años anteriores. Esa es la brecha a negociar.
Hay una dificultad añadida: el escenario es dispar. Después de los policías, los que más perdieron son los estatales de administración central, mientras que los docentes hasta junio estaban equiparados. Los judiciales también está rezagados, pero tienen sueldos más altos. Aunque es cierto que contra los que se cobran en la Justicia Federal están muy atrás. Casi como pasaba con la policía Bonaerense, la Federal y la Metropolitana. El Covid agrega complejidad: los trabajadores de la salud tal vez reciban un nuevo bono de $5 mil, que otros no percibirán. (DIB)