La Cámara de Senadores aprobó este jueves la convalidación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
El Decreto fue respaldado por el bloque del Frente de Todos y sus aliados, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio votó en contra, así como los representantes del Interbloque Parlamentario Federal.
A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación.
El expediente fue emitido el 21 de agosto de 2020 por el Poder Ejecutivo y rápidamente fue dictaminado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
El decreto congeló hasta el 31 de diciembre las tarifas de televisión por cable, telefonía móvil e internet en el marco de la pandemia, al tiempo que estableció que “los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
Durante el cierre de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cuestionó en duros términos las críticas que hizo la oposición al decreto.
“Nosotros marcamos las pautas. El otro gobierno fracasó en todas las políticas públicas. Y ahora vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Déjennos gobernar. Nosotros vamos a marcar las prioridades del gobierno”, enfatizó.
Mayans también defendió el decreto sobre TIC argumentando que lo que se busca “es que las prestatarias de servicios sólo deban fijar precios justos y razonables”.
“El presidente está diciendo: un poquito menos ganen. ¡Esta gente quiere ganar en dólares!”, advirtió en referencia a las empresas involucradas.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, justificó la negativa de la oposición a acompañar el DNU argumentando que “tiene enormes irregularidades” porque “fue dictado apenas un día antes de la convocatoria a la reunión de la Bicameral” y “no fue elevado a los legisladores”.
Por otro lado, también cuestionó que algunos discursos del oficialismo hablaban de “estructuras concentradas de poder” pero recordó “la fusión Cablevisión-Multicanal” facilitada el 7 de diciembre de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“Ustedes consolidaron a una empresa que era la mitad del mercado del cable”, sostuvo Naidenoff.
La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, en tanto, afirmó que “este DNU no intenta sacarle las ganancias a nadie, sino que todos tengan el acceso a un derecho humano”.
Además, dijo que el gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Tecnologías de la Información votada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como modo de “pagar el favor” de los medios que “le hicieron la campaña”.
Previamente, el porteño Martín Lousteau había dicho que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo con el “congelamiento” de tarifas luego de “seis meses de cuarentena”, pero sostuvo que “este DNU genera incertidumbre y discrecionalidad” y que “atenta contra las inversiones que necesitamos”.
Además, criticó la declaración de “servicio público” para el uso de internet al recordar que “el 44 por ciento de los hogares argentinos o no tiene agua de red o no tiene cloacas o no tiene gas y esos también son servicios públicos”.
El oficialista neuquino Oscar Parrilli tomó el guante y remarcó que “dentro de unos años tener internet va a ser tan importante como tener agua potable en una vivienda”.
“Con este DNU se está reconociendo un derecho público que se reconoce en el mundo entero”, insistió.
El DNU sobre Vicentín
Además, los legisladores también resolvieron la validez de otros Decretos de Necesidad y Urgencia, como el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.
Ese documento fue el único que respaldó la oposición y fue defendido por la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun argumentando que los dueños de la cerealera “convirtieron a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores y del Banco de la Nación Argentina”.
Parrilli, en tanto, apuntó a Juntos por el Cambio “y a muchos comunicadores” gracias a los cuales “se está desguazando la empresa”. (DIB) MCH