El Gobierno nacional avanzará en los próximos días en “una fuerte etapa de financiamiento” para apuntalar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, con lo que buscará incrementar el apoyo a la regeneración del capital de trabajo y la inversión productiva en el marco de la pospandemia. Una de las herramientas, según aseguraron, será un préstamo del BID por US$ 500 millones.
Se sumará también una nueva línea de préstamos para las pymes exportadoras, como parte de la agenda de administración de comercio “muy pragmática”, consideradas como herramientas apropiadas en esta nueva etapa para enfrentar los problemas macroeconómicos, fiscales y cambiarios.
Así se desprende de la agenda que, según lo que fuentes oficiales comentaron a la agencia estatal Télam, comenzará a desplegarse en los próximos días con anuncios que reflejarán el trabajo que se viene desarrollando desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores que conduce Guillermo Merediz, quien depende del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Préstamo
“Se viene una etapa fuerte de financiamiento”, aseguraron las fuentes, que anticiparon que en días se estará anunciando “la ejecución de un préstamo de US$ 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a capital de trabajo e inversión productiva, articulado con un enfoque muy federal para el desarrollo de las pymes de todo el país y el abordaje de las distintas cadenas de valor”.
Se trata de una línea crediticia aprobada por el organismo en junio para mejorar las condiciones de financiamiento, a partir del cual el Gobierno decidió “asegurar un piso de financiamiento a todas las provincias para que no ocurra lo que históricamente sucedió con estos programas que se concentraron en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, explicó la fuente consultada.
La idea oficial es ofrecer los recursos, en primera instancia, a través de los bancos provinciales a una tasa del 9,9%, para luego encarar una licitación con bancos privados para alcanzar la misma tasa, pero ya con recursos propios de la Secretaría Pyme por unos $ 65.000 millones.
Proyecciones
En las proyecciones oficiales se estima para 2021 un crecimiento de 5% en la actividad económica, lo que va a significar una demanda que va a apuntalar la reactivación y la creación de empleo, pero -se aclara- “el desafío no solo es crear puestos de trabajo sino que sean formales, para lo cual las pymes necesitan una estabilidad que les permita saber qué Argentina van a tener”.
El análisis que se hace en el Gobierno es que pasada la etapa de sostenimiento de las empresas afectadas por la caída de actividad durante la pandemia, por ejemplo a través de las herramientas de la Asistencia al Trabajo y la Produción (ATP), habrá “una reactivación en numerosos sectores que genera una agenda muy distinta y moviliza fuertemente el entramado pyme”.
“Hay que impulsar fuertemente el financiamiento tanto para capital de trabajo de corto plazo, para inversión productiva de mediano plazo y líneas mucho más específicas de cambio estructural”, explican los voceros al mencionar el esquema que también incluye “la política de administración inteligente y pragmático” y “la perspectiva de productividad y desarrollo regional”.
Enfocados en esos tres bloques, funcionarios del gobierno coinciden en señalar que “sin financiamiento no hay política de reactivación posible”, y en esa prédica se inscribe la etapa ya lanzada en las últimas semanas con distintos anuncios de apoyo a las pymes, “tras cuatro años de macrismo que cerró con una crisis fenomenal, a lo que se sumó una pandemia”.
Exportaciones
En esa línea de revisión de políticas, también se prevé la orientación de la agenda de administración de comercio con exportaciones. Así, en los próximos días “se estará anunciando una línea de financiamiento para pymes exportadoras”, a través del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep) y del Fondo de Garantías Argentino (Fogar).
En el camino hacia un marco fiscal consistente y que se anticipa el presupuesto contemplará un déficit de 4,5% para 2021, está a la firma la reinstauración de los beneficios contemplados en su momento por el Decreto 814, que permite la reducción de aportes patronales aquellos productores de las provincias más alejadas de los puertos centrales.
Otra de las medidas en avanzado desarrollo es “ofrecer instrumentos para incentivar la reinversión de utilidades”, aún en un contexto en el que se desplomó la recaudación, y se debió apelar a una política fiscal muy expansiva por las necesidades que impuso la pandemia. (DIB)