El juez federal Sebastián Ramos rechazó quedarse con la causa sobre supuesto espionaje ilegal que se tramita en un juzgado de Lomas de Zamora, y solo reclamó lo relacionado con el intento de atentado contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila.
De este modo, Ramos rechazó un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, que solicitaba llevar a Comodoro Py toda el expediente que investiga el presunto espionaje ilegal sobre dirigentes políticos y periodistas llevado a cabo por la AFI durante la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia.
Marijuan le había solicitado al juez que reclamara que los magistrados de Lomas de Zamora se inhibieran de seguir interviniendo en la causa por espionaje ilegal, pero Ramos entendió que “las hipótesis delictivas que conforman los objetos de análisis de ambas causas constituyen dos hechos escindibles”, por lo que no hizo lugar a ese pedido.
El juez ordenó que “con la urgencia que el caso amerita se proceda a enviar en formato digital todas las constancias y/o pruebas” que se encuentren “relacionadas con el objeto procesal de la presente, relativo a la intimidación que sufriera Juan José Vila”.
Lo que se investiga en ese caso es el hallazgo, en la casa del exfuncionario, de “una caja conteniendo un teléfono celular, cables y trotyl confeccionado a modo de artefacto explosivo, junto con una nota”.
El caso
La causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora el juez Juan Pablo Auge (tras el desplazamiento de Federico Villena), se inició tras la declaración del narcotraficante Sergio Cristina “Verdura” Rodríguez –que era buscado en una causa por narcotráfico- quien se entregó a la justicia, se autoincriminó y declaró haber participado a pedido de un abogado de la AFI, Facundo Melo, en la colocación de un explosivo en la casa de Vila.
Esa declaración disparó una serie de medidas en la causa cuando todavía estaba en manos de Villena, que permitieron la detección de indicios que daban cuenta de la existencia de una supuesta organización delictiva que habría operado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para espiar de manera ilegal a dirigentes políticos, sociales, gremiales y religiosos y a periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. (DIB)