* Por Diego Lagrange
La crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19 dio tal cimbronazo a la sociedad que no hizo otra cosa que mostrarnos tal cual somos, solidarios o egoístas. También vino a desnudar una realidad que es el comportamiento de las entidades financieras y no financieras frente a la crisis. Y sobre todo la importancia de la banca pública y cooperativa y el rol que comienzan a jugar estos nuevos actores que irrumpen de la mano de los avances tecnológicos y son las denominadas fintechs de préstamos que (brindan créditos a través de aplicaciones móviles o plataformas de internet) hacen su propio juego.
Días atrás publicó el BCRA las inconsistencias y tasas excesivas de estas fintechs (Finanzas + Tecnología) que cobran a sus clientes un Costo Financiero Total (CFT) que supera el 150% anual como mínimo, llegando muchas de ellas a estar por arriba del 400% anual. Otras, directamente no publican información sobre el costo final de los préstamos. Este CFT es el costo total que afrontará el cliente/usuario por tomar un préstamo, incluyendo todos los costos y gastos que se deberán pagar y junto con las tasas son información que las entidades otorgantes deben difundir obligatoriamente de manera legible y destacada, según lo dispone el BCRA. Esto, claro está, cuando la entidad otorgante se rige bajo la órbita del Central.
Nadie discute el potencial de las fintechs para incluir financieramente a grandes sectores de población relegados del circuito formal cliente – banco. Lo cierto es que la oferta de servicios financieros debe ser responsable, es decir, que los productos ofrecidos y las condiciones deben ser comunicadas con claridad y transparencia, y los usuarios deben entenderlas. Este es uno de los pilares de la inclusión financiera. Se debe proteger al usuario de esos servicios financieros dañinos para cuidar la “salud financiera” de grupos que ya de por sí son castigados y excluidos por ser los más vulnerables, como son los jóvenes y las personas adultas en el sector informal. El reemplazo de la firma ológrafa del contrato por la firma electrónica, la biometría para validar identidad y toda utilización tecnológica para prescindir de la presencia in situ del solicitante del préstamo son novedosas y llegaron para quedarse. Ahora bien, el costo financiero total que están cobrando es escandaloso, y muchas de estas empresas ni siquiera están registradas ante el BCRA, y las que sí lo están lo hacen como proveedores no financieros de crédito (PNFC).
Veamos un ejemplo de estos préstamos: Monto $ 7.000, Plazo 6 meses, Tasa Nominal Anual (TNA) 160 %, Costo Financiero Tasa Nominal Anual (CFTNA) 194 %, cuota $ 1.906, Total abonado al finalizar el préstamo $ 11.436
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional aceleró el proceso y miles de personas se están encontrando por primera vez ante un préstamo, una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito y esto necesariamente debe traer consigo una educación financiera para los nuevos usuarios. Porque claramente no va a ser el mismo trato el que reciban por parte de la banca pública que está recuperando por estos días su rol social y puente de asistencia facilitando medidas dispuestas por el Gobierno nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos, ni van a ser un segmento “rentable” para la banca privada. Pero seguramente sí van a engrosar el listado de clientes de estos nuevos jugadores que a juzgar por las tasas y costos financieros están desbocados y sin regulación. El BCRA los está monitoreando, y es una buena señal. Es necesario que se proteja a los nuevos usuarios de servicios financieros frente a préstamos donde el problema no es la letra chica: el problema es que no tienen siquiera letra.
*Secretario de Acción Gremial La Bancaria Seccional La Plata. Abogado (UNLP). Lic. En Comunicación Social (UNLP).
