El abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que permanece desaparecido desde el 30 de abril en el partido bonaerense de Villarino, subrayó la hipótesis de una posible “desaparición forzada” y expresó que existe encubrimiento policial en el caso.
“Actualmente hay dos causas: una provincial por averiguación de paradero y otra causa federal (por la presunta desaparición forzada) en la cual somos querellantes particulares, pedimos una serie de medidas y algunas de esas medidas se concretaron ayer”, dijo Leandro Aparicio en declaraciones a radio Provincia.
Sobre esas medidas, el letrado mencionó un allanamiento en la subcomisaría de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, en el distrito de Villarino, en el que se secuestró “la camioneta donde dicen testigos que subieron a Facundo, también las actas y los celulares de los cuarto policías” que supuestamente participaron en el hecho.
Aparicio dijo que, en paralelo, se presentó ante la justicia provincial “un pedido de declinación de competencia a la justicia provincial y que mientras el fiscal esté en la causa no puede investigar la Policía Bonaerense, traiga cualquier otra fuerza y eso se hizo con lo cual dimos un paso importante”.
Aparició cuestionó al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, quien el primer día le dijo a Cristina Castro, madre del joven, “que lo traería con vida”, algo que luego no pudo sostener.
Las sospechas sobre que algo había pasado con el joven surgieron de un primer rastrillaje en el que la mujer “fue molestada” por un grupo de policías, indicó el letrado.
“El primer rastrillaje se iba a hacer el 19 de junio en Mayor Buratovich, ya que habían dicho que el chico había estado ahí, pero cuando van a entrar ahí, había cinco móviles cruzados para no ingresar”, dijo el abogado. Ante esa situación “lo fueron a buscar a la localidad de Teniente Origone”, indicó el abogado, “porque alguien cayó y dijo que lo llevó a Origone, y se corrieron 25 kilómetros del lugar”.
En esa línea, Aparicio denunció que “ahí empieza el encubrimiento” y lo que llevó a sostener la hipótesis de “desaparición forzada”.
“Hay encubrimiento y un plan para encubrir. El secuestro de teléfonos que lo pedimos hace 13 días lo han hecho por la presión pública”, remarco el letrado y apuntó que están a la espera del análisis de “los teléfonos, de tener el GPS de los móviles policiales y ver las pruebas que pedimos que no sabemos si las hicieron o no”, explicó. (DIB) AR