Por Andrés Lavaselli
A tono con el cambio de agenda que de modo evidente intenta instalar el gobierno de Alberto Fernández, Axel Kicillof parece haber comenzado a aplicar un plan su salida de la cuarentena. Lo hace bajo el diagnóstico de que el impacto cataclísmico que está sufriendo la economía en condiciones de aislamiento plantea, ya mismo, un desafío tan complejo como el virus, que además tiene inquietantes derivaciones sociales y, por eso mismo, un potencial político demoledor.
Aunque sus modos enfáticos a la hora de defender la cuarentena puedan sugerir lo contrario, desde el inicio el temor por la economía ocupó un lugar central en la mirada de Kicillof. De hecho, en marzo, cuando arrancó, el Gobernador resistió internamente la aplicación del ASPO, justamente con el argumento del daño que produciría al tejido productivo. Eso, hasta que lo asustó un informe sobre el potencial de muertes por Covid 19 en PBA si no se detenían los contagios.
Pero casi 80 de cuarentena ininterrumpida después, la cantidad de camas UTI usadas por pacientes con Covid es baja: unas 300, contra 1700 de otras patologías. Esas 2000 camas representan además solo el 44% de las disponibles. Ese es plafond para la nueva dinámica en la que busca avanzar Kicillof: una intensificación gradual pero sostenida de la actividad económica para llegar a septiembre con todo el comercio y toda la industria de la provincia funcionando.
Hay un indicador que podría complicar el tránsito hacia la nueva normalidad. Se trata del tiempo medio que pasaba internada una persona internada en recuperarse, que va en aumento: pasó de 14 a 25 días. Eso pone presión extra al sistema de salud. Pero por ahora el gobierno lo considera manejable. A menos que se repita una semana como la del 18 de mayo, que empezó con 93 casos en y terminó con 289, el diagnóstico no se alterará, aunque suban los contagios y los muertos.
Medidas
La obra pública es la primera correa de transmisión que plantea Kicillof para insuflar vida a la economía debido su efecto dinamizador de otros sectores. Hay dos planes en marcha, uno para hacer rutas y otro para viviendas, ambos con aportes nacionales. El martes, en Tapalqué, se hará un anuncio para la agroindustria. Mientras, Augusto Costa –Producción- y Juan Cuattromo –Bapro- diseñan créditos para el sector más complicado: las PyMEs, sobre todo las comerciales.
Revertir el –enorme- daño en ese sector es, además de una necesidad económica, un objetivo político para el Gobierno. Es que existe allí, entre quienes ya no saben cómo pagar sueldos o alquileres, un malestar creciente que le da a la oposición un público adicional al que, legítimamente, representar. En realidad, toda la estrategia de segmentación del ASPO con más apertura donde se pueda que comenzaron a aplicar tanto Fernández como Kicillof tiene ese trasfondo.
El Gobernador, que no imprime billetes, ensaya además variantes de financiamiento. El proyecto para subir Ingresos Brutos a bancos, proveedores de internet y fabricantes de agroquímicos es una de ellas, aunque se prefirió que sea presentado por legisladores. El neto que podría aportar al fisco son $3 mil millones, ya que se recaudarían $5400 millones, pero las exenciones que también plantea le costarían al Estado unos $2.400 millones.
Ni aun en tiempos de vacas tan flacas como este es mucha plata. El verdadero significado de la iniciativa es político: con él proyecto, el oficialismo da el mensaje de apuntar a la redistribución y, a la vez, pone sobre la mesa un elemento de negociación con la oposición. Aunque tienen dudas con la afectación al sector agropecuario, en JpC dicen que podrían apoyar. Es la misma mirada favorable que tienen con el pedido de deuda, que Kicillof quiere hacer avanzar antes incluso de que se resuelva el canje de bonos.
Esas amabilidades tras bambalinas, que contrastan con los gritos públicos sobre el manejo de la cuarentena, son también parte de la política bonaerense de estos extraños días de pandemia. Lo que parece fraguarse allí es un acuerdo más amplio entre el gobierno y la oposición, que incluye cuestiones como el reparto de cargos y el financiamiento de las comunas, y que la irrupción del virus había interrumpido. (DIB)