Pese a que existe un decreto del Gobierno nacional que frena los desalojos y congela el precio de los alquileres hasta fines de septiembre, estos son dos de los principales problemas con los que se encuentran los inquilinos en plena cuarentena.
La relación de vulnerabilidad de los inquilinos respecto a las inmobiliarias o los dueños de los inmuebles se vio potenciada durante este tiempo de aislamiento obligatorio y se refleja en la cantidad de reclamos que han las personas que alquilan a la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Entre las principales quejas aparecieron desde la imposibilidad de realizar mudanzas hasta intentos de desalojos, una situación de conflicto generada por el incumplimiento del decreto, como así también prorrogar los contratos y congelar los precios de los alquileres.
En cuanto a las mudanzas, varios inquilinos denunciaron inconvenientes a la hora de trasladar sus pertenencias a un nuevo hogar, pero estos problemas quedaron solucionados en parte con la disposición del Gobierno que las habilitó.
Resta la normativa local de cada municipio para autorizar el servicio de mudanza en cada territorio, como así también la mudanza interjurisdiccional y aquellos casos de contratos firmados justo antes del inicio del aislamiento obligatorio que no llegaron a realizar íntegramente la mudanza.
Por otro lado, muchos dueños pretendieron desalojar a los inquilinos por falta de pago recurriendo a la violencia o medios extorsivos, según el informe de la Defensoría. En estas situaciones quedaron en evidencia la falta de un mayor control policial, con mayor preparación en la materia y que actúe rápidamente ante el conflicto.
También se denunciaron casos en que muchos locadores e inmobiliarias no respetaron la prórroga automática de los contratos de alquiler contemplada en el contrato, pretendiendo hacer firmar al inquilino un nuevo contrato con un monto de alquiler mensual mayor. Lo mismo sucedió con episodios en los que se pretendió cobrar el alquiler con el monto actualizado haciendo oídos sordos al congelamiento de alquileres decretado en la norma.
“La reciente sanción de la Ley de Alquileres nos muestra la importancia de actualizar las normas a favor de los inquilinos, pero también nos pone ante la exigencia de que las autoridades deben tener una control firme a la hora de que se respeten estas obligaciones”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
En esa línea, recomendó “prestar atención a las demandas y las situaciones límite que atraviesan los inquilinos. Esto nos llevará a elaborar políticas que los beneficien, sobre todo en este contexto de pandemia. Pero con esto no alcanza, hay que actuar en la realidad para que se cumplan, para que quienes no pueden acceder a una casa propia no sigan siendo cada vez más vulnerados”. (DIB) FD