A un mes exacto su puesta en marcha, el esquema de emergencia para adaptar el funcionamiento del poder judicial bonaerense a las exigencias del aislamiento social por el coronavirus provocó un duro cuestionamiento de los abogados, que alertaron sobre una “parálisis” que afecta derechos de los ciudadanos, pero fue defendido por la Corte y los jueces, que aseguran que hubo avances significativos en la digitalización y el teletrabajo aunque admitieron que aún no puede saberse en qué momento retornará la normalidad.
La restricción de las actividades en la provincia arrancó incluso antes que el presidente Alberto Fernández decretara la obligatoriedad del aislamiento social, el 19 de marzo. Tres días antes, la Corte había emitido una resolución donde se dispuso un asueto general para toda la justicia con suspensión de los términos procesales (los plazos obligatorios para dar cada paso en los procesos judiciales), pero con un sistema de guardias en todos los fueros y atención de los asuntos urgentes.
Transcurrido un mes, el Colegio de Abogados bonaerense, que según cifras propias nucleas a los 65 mil profesionales de la matrícula, lo cuestionó duramente. Señaló que derivó, en la práctica, en una “parálisis” del Poder Judicial que impide el acceso “pleno y real” de los ciudadanos al servicio de justicia. Y, en un planteo doble, exigió a la Corte levantar el asueto y difundir un cronograma para funcionar de manera remota, mientras que al gobernador Axel Kicillof le pidió declarar la abogacía actividad esencial, para poder para abrir los estudios.
“Nosotros de ningún modo decimos que no haya que establecer medidas sanitarias preventivas, al contrario, estamos de acuerdo en que son muy necesarias, pero al mismo tiempo decimos que el poder judicial debe y puede funcionar sobre la base de un plan que contemple la utilización de la tecnología. Y a la vez remarcamos la necesidad de que ese plan sea establecido de forma urgente”, dijo a DIB el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Mateo Laborde.
La Corte, sin embargo, rechaza de plano que exista una “parálisis” y que en la actualidad 4 millones de juicios estén “congelados” por esta situación. En el Tribunal explican que en el Poder Judicial se venía avanzando muchos en esquemas de utilización de tecnología digital y teletrabajo para modernizar el funcionamiento y que eso se profundizó en las últimas semanas. Resaltan que el Máximo Tribunal dictó más de 30 resoluciones después del 16 de marzo para facilitar la adaptación del sistema al aislamiento, incluyendo al teletrabajo.
Entre esas modificaciones citan la posibilidad de hacer audiencias por videoconferencia, de utilizar incluso en WhatsApp, la habilitación para presentar inicio de causas a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas del Poder Judicial y la inédita acordada virtual de ayer, que estableció un sistema de acuerdo extendido para la Corte, que podrá ahora decidir cuestiones en cualquier momento y no solo en las tradicionales reuniones presenciales de los miércoles. Además, se amplió el uso de la firma digital.
Un punto de fuerte controversia lo marcó la resolución 18 de la Corte que, al prorrogar el asueto, dispuso además que todos los jueces y funcionarios del poder judicial deberán “en la medida de lo posible” trabajar desde sus domicilios, incluso los que fueron dispensados de ir a los lugares de trabajo por pertenecer a grupo de riesgo. Además la Corte les pidió que firmen “las providencias, resoluciones interlocutorias y definitivas” más allá de las cuestiones urgentes. Pero como no estableció la obligatoriedad de hacerlo, los abogados se quejaron.
“Se está trabajando con un compromiso muy fuerte, todos nos estamos adaptando al teletrabajo y eso lleva un tiempo lógico, hay que pensar que se trata de un situación inesperada”, explicó a DIB el camarista penal de Necochea Pablo Noel, que preside el Colegio de Magistrados bonaerense. Noel, que también rechazó que exista una parálisis de la justicia, adelantó que próximamente se sumará 4 mil nuevos puestos de teletrabajo a los 4 mil existentes, lo que permitirá un mejor funcionamiento.
Tanto la Corte como los Magistrados rechazan que no exista fundamento jurídico para el asueto, como plantean los abogados, porque existe un decreto nacional que estableció el asilamiento hasta el 26 de abril. Lo que aún ningún actor de la justicia puede precisar es e n qué momento se volverá al trabajo normal y pleno. Apenas, todos coinciden en que será un proceso gradual. (DIB) LA