Por Andrés Lavaselli, de DIB
La prolongación del estado de excepción dispuesto contra la pandemia está agudizando la contradicción entre sus dos vectores constitutivos, el sanitario, que induce al aislamiento, y el económico, que propicia la apertura. En la provincia, esa encrucijada global adquirió una forma específica: una sorda puja de poder en torno a la espinosa cuestión de la cuarentena administrada, librada por actores económicos y políticos que actúan, ambos, en un marco de incertidumbre que no admiten en público.
En interior bonaerense es el escenario central de esa batalla: es allí donde, según anunció el propio presidente Alberto Fernández, están dadas las condiciones geo poblacionales para avanzar la nueva fase del aislamiento. Es decir, en un descongelamiento, gradual, de la actividad para revivir algo del funcionamiento de la economía. El problema es la contracara posible de esa flexibilización: “los mismos empresarios y comerciantes que me piden abrir, me van a acusar si empiezan los contagios”, describió, con realismo mordaz, un alcalde del sur de la provincia.
Ese dilema es propio del “enamoramiento del cero”: una especie de síndrome de la dirigencia de los 58 distritos que hicieron de la ausencia de casos de la enfermedad una forma de acumular capital político. El problema es que, como es muy difícil que precario mundo idílico de prolongue, tienen que tomar decisiones. So pena de empezar a parecerse a Raúl Alfonsín luego de Semana Santa. “Estaba en una cima política, pero el abismo económico estaba a ahí nomás, a la vista”, según la descripción de un senador.
No es, claro, un dilema que aflija solo a los alcaldes del interior. Las presiones que está recibiendo un intendente del oeste del conurbano por parte de una compañía productora de cigarrillos para volver a poner en marcha su fábrica son un ejemplo del funcionamiento del mismo mecanismo de lobby, pero en otra zona geográfica. Las que ejerce sobre varios alcaldes a la vez una cadena de comidas rápidas, otro.
Kicillof y Fernández están sometidos tironeos y riesgos parecidos. Pero ellos tienen otras herramientas. El presidente llamó a los gobernadores a Olivos, para que quede claro que ellos son polea de transmisión de reclamos de apertura. Kicillof obligó a los intendentes a poner la firma a aplicación del esquema en sus distritos, trámite sin el cual no podrán hacerlo. Una especie de cadena pública el traslado de las responsabilidades, para socializar los costos de decisiones que se toman con margen de error e intuición de posible necesidad de reversión.
La vida empresarial y política, claro, no es la única que está alterada. La batalla abierta entre abogados, jueces, los gremios y la Corte en torno del asueto que rige el poder judicial desde el 16 de marzo comenzó como un debate esencial: hasta qué punto se está privando a los ciudadanos de sus derechos. Pero amenaza con transformarse en un cruce de soterradas acusaciones sobre las razones monetarias que animan a unos a querer abrir sus bufets o la poca contracción al trabajo de otros, que no encienden sus PC para hacerlo a distancia.
En la Legislatura, la habilitación para funcionar on line que se autoconcedió el Senado, pareció abrir la puerta a una reactivación digital de la actividad. Con el reparto de comisiones en un grado relativamente avanzado de acuerdo –las de “gestión”, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Salud en este contexto, tienen asegurado presidente oficialista, aunque el Frente de Todos está en minoría allí- algunos pensaron que podría avanzarse en la sanción de algunos proyecto de ley relegados. Incluso, hasta circuló la eventualidad de alguna norma fiscal o impositiva de emergencia, para financiar la lucha contra la pandemia.
En el Ejecutivo son menos idealistas: creen que detrás hay un intento dereactivar para que el gobernador libere fondos para “la política”. Los quee conocen a Kicillof apuestan a que no lo hará. En cambio, ensayará una especie de keynesianismo pandémico: anunciará una agilización del Fondo de Infraestructura, para que las obras aceleren en los municipios. Y avanzará con un plan propio, porque hasta ahora la provincia se había limitado a hacer mantenimiento.
El anuncio económico importante será, de todos modos, qué plazo de gracia y qué quita les propone a los acreedores de los bonos por USD 7.148 millones que intentará canjear. Parece una cuestión lejana hoy, pero hay que recordar que la provincia también puede estar al borde de un default. (DIB)