El Gobierno nacional podría declarar de interés público los recursos sanitarios para poder utilizar las clínicas y centros de salud privadas sin restricciones en caso de que sea necesario para contener el avance del coronavirus. Así lo adelantó el ministro de Salud, Ginés González García, en su exposición ante los diputados nacionales.
“Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir la propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que haber un comportamiento igualitario para cada argentino”, sostuvo el ministro de Salud.
Esa normativa servirá como marco legal para que el Gobierno centralice las compras de insumos críticos y para que pueda disponer de camas y materiales de las diferentes jurisdicciones ya sean provinciales, municipales o privadas. “Queremos que cada jurisdicción entienda racionalmente que todos los argentinos tengan los recursos que tienen que tener”, sentenció el funcionario.
En la práctica el DNU permitiría que el Gobierno podría disponer que un enfermo sea tratado en instalaciones de un hospital, clínica o sanatorio público o privado de cualquier jurisdicción.
“Con este DNU lo que vamos a buscar es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública los que sean recursos privados o estatales. Además, vamos a financiarlos”, añadió el ministro.
El decreto todavía no está listo y buscan consensuarlo con el sector privado. El ministro advirtió que a través del decreto, la superintendencia de servicios de Salud hará aportes excepcionales a obras sociales y provincias por las prestaciones que se realicen por necesidad independientemente de la cobertura que tengan los pacientes.
El Ejecutivo ya venía acumulando medidas en esa dirección. En el Boletín Oficial de este miércoles estableció que las empresas fabricantes y distribuidoras de respiradores no se podrán entregar los mismos sin la previa autorización del ministerio de Salud. Cabe señalar que semanas atrás ya había bloqueado las compras a varias provincias. El objetivo es centralizar el reparto equitativo, es decir, de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción. (DIB) MCH