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02/03/2021
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La Justicia bonaerense pidió que se cumpla el fallo que beneficia con domiciliaria a presos en riesgo

Lo resolvió la Cámara de Casación ante las denuncias de incumplimiento de otra resolución en la que se había tomado la medida.

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La Cámara de Casación Penal Bonaerense ordenó este miércoles a los jueces que se dispongan de manera inmediata los arrestos domiciliarios para los presos de la provincia de Buenos Aires que configuran grupo de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus y que están detenidos por haber cometido delitos leves.

La decisión se tomó ante las denuncias de que no se estaba cumpliendo un fallo que Casación dictó el 8 de abril en la que se ordenó que, mientras dure la pandemia, se le otorgue el arresto domiciliario a los presos por delitos leves que son grupo de riesgo y que se analice la situación de otros internos.

“Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”, sostuvo el magistrado de Casación Ricardo Borisnky en el fallo.

La decisión se da en el marco de momentos de suma tensión en las cárceles del Servicio Penitenciario Boanerense (SPB) tras los primeros contagios de Covid-19 en unidades carcelarias: un interno en la Unidad 42 de Florencio Varela y tres penitenciarios de otras dependencias.

En las últimas horas, más de 300 internos alojados en seis cárceles bonaerenses comenzaron una huelga de hambre para reclamar a la Justicia excarcelaciones, arrestos domiciliarios y libertades asistidas en un contexto de hacinamiento carcelario que podría desatar contagios masivos.

“Recibimos una situación en la que la capacidad (carcelaria) estaba excedida de una forma sin precedentes históricos. Para una capacidad de 25 mil internos había 50 mil”, analizó Kicillof en conferencia de prensa esta semana ante la consulta de DIB, tras conocerse el primer caso de Covid-19 en un recluso. Asimismo, aclaró que “las condiciones de encierro o libertad no las regula la Provincia” sino que “las decide el sistema judicial, sea un régimen de prisiones domiciliarias o algún tipo de libertad controlada o condicional”.

Asimismo, en las últimas horas, los 19 defensores generales de la provincia le pidieron al gobernador la conmutación de penas para dos grupos de internos: quienes tengan condenas firmes que se vencen en el transcurso del año y quienes con condena firme tengan penas que no superen los años de prisión y que durante el 2020 cumplieron o lo hagan con el requisito de acceder a la libertad condicional.

El 8 de abril pasado la Cámara de Casación había hecho lugar a un pedido de los defensores generales y ordenado el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Pero también que sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas.

También les había encomendado a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

Los presos en situación de riesgo ante el coronavirus -que son mujeres embarazadas y con niñas/os, personas mayores de 60 años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV- son 2.300, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia al portal Infobae. (DIB) MCH

 
 

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