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30/05/2020
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Polémica: domiciliaria a violador para evitar contagio de coronavirus en la cárcel

Los jueces reconocieron que el detenido puede fugarse o cometer nuevos delitos pero priorizaron su derecho a la salud.

En una controvertida decisión, la Justicia decidió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a un condenado por violación porque pertenece, en función de su estado de salud, al grupo de riesgo frente al coronavirus. En su resolución los jueces reconocieron que es probable que el presidiario intente fugarse o incluso cometer nuevos delitos, pero aún sí coincidieron en que es prioritario garantizarle el derecho a la salud.

El fallo, según informa Infobae, fue firmado el viernes pasado por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, a cargo de los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini. El acusado se llama Miguel Ángel Holotte y había sido condenado, en un juicio abreviado, el 28 de febrero pasado, a la pena de 6 años de prisión. Su delito: “Abuso sexual con acceso carnal -por vía oral, en el cual la víctima no pudo consentir libremente la acción -reiterado en dos oportunidades”, junto al de promover la “corrupción de menores de dieciocho años” y “facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años de edad con fines predominantemente sexuales”. Aún le resta cumplir cuatro años y nueve meses detenido para poder acceder a su libertad.

Apenas comenzó la pandemia, la defensa oficial pidió su excarcelación o en su defecto la prisión domiciliaria. El acusado padece “antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho”. Además tiene colocados dos stent y recibe medicación diaria. “Holotte se haya comprendido dentro del grupo de riesgo de personas frente al COVID-19 conforme el DNU n° 260/2020”, sostuvo la defensa.

En su análisis, la jueza, que llevó la voz principal en la resolución, reconoció que “es verdad que existe una posibilidad cierta de que en caso de serle concedida la prisión domiciliaria a Holotte, éste intente fugarse, máximo cuando el tiempo que le resta por cumplir de pena es considerable”.

Incluso, añadió, “coexiste el riesgo” de que el acusado “cometa otro delito (sin desatender y lamentar la grave naturaleza de los hechos por los que fue condenado). Sin embargo, a mi humilde entender, ninguna de tales hipótesis puede fundar el rechazo del arresto domiciliario cuando lo que está en juego es la vida” del recluso, máxime cuando aún se encuentra vigente “su estado de inocencia”.

El acusado padece “antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho”.

“Resulta previsible que si la enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos”. En ese “hipotético -aunque posible- escenario se impone como única solución preventiva” que las cárceles cuenten “entre sus filas con la menor cantidad de personas de riesgo”, porque los hospitales de cada complejo “carecen de recursos humanos y técnicos para hacer frente a la demanda”, los presos no podrían ser trasladados y sobrecargaría el sistema público de salud, sostuvo la resolución.

Según la jueza, “la única alternativa viable es la de conceder a los internos más vulnerables la prisión domiciliaria, hasta tanto el estado pandémico cese. Es cierto que no podría asegurarse que en caso de disponerse el arresto del imputado en su domicilio, éste no se contagiará el COVID-19, como así tampoco que tendrá garantizada una atención eficaz en el sistema de salud pública, pero lo que sí es seguro es que si la población carcelaria de riesgo fuera diseminada en distintos domicilios: 1) la velocidad de un eventual contagio de ese número de personas sería sensiblemente menor y, por ende, más favorable la expectativa de una atención médica eficiente; 2) el imputado tendría las mismas oportunidades de atención médica que cualquier otro ciudadano; y 3) las cárceles tendrían menos población y, por ende, el índice de contagio será inferior entre personas que, en principio, no requerirían atención médica urgente”. (DIB)

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