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19/10/2021
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Para la Justicia porteña, el aislamiento obligatorio no viola la Constitución

Un magistrado y una Cámara ratificaron el DNU del Presidente. Un abogado había presentado un hábeas corpus para poder circular.

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La Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ratificó la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso la cuarentena en toda la Argentina para hacer frente a la pandemia por el coronavirus, tras rechazar una acción de hábeas corpus presentada por un ciudadano que se consideraba amenazado por no poder trasladarse a su antojo.

De esa manera, la Justicia consideró razonables las medidas restrictivas impuestas de manera excepcional por el presidente Alberto Fernández para hacer evitar la propagación del COVID-19.

La resolución, que rechazó una acción de habeas corpus de un ciudadano que se consideraba amenazado por no poder trasladarse a su antojo, fue dictada por el titular del Juzgado número 14, Osvaldo Luis Rappa, y confirmada por la Sala de guardia de la Cámara de apelaciones, integrada por Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto.

“No se vislumbra falta de razonabilidad alguna, y mucho menos una restricción a la libertad de los habitantes de la República; sino que se imponen restricciones con el fin de asegurar el bien común. Máxime, cuando es aplicable para toda la población sin distinción alguna”, sostuvo el juez Rappa en su resolución.

“Si bien implica (el aislamiento) una severa restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud pública”, afirmaron los integrantes del tribunal de alzada al ratificar la resolución del juez Rappa.

El jueves pasado por la noche, Fernández declaró el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo mediante un DNU y anticipó que habrá sanciones para los que abandonen sus hogares sin justificación.

El artículo 205 del Código Penal fija una pena de prisión de seis meses a dos años “para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”

El artículo 239 del Código Penal establece que será reprimida con prisión de 15 días a un año la persona que “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”. (DIB) FD

 
 

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