La
Plata, ene 31 (DIB/ACTUALIZACI??N).- El Gobierno bonaerense extendió hasta el
lunes el plazo para que los tenedores del bono BP21 confirmen si aceptan la
oferta de “reperfilamiento” para estirar el pago del capital hasta el 1° de
mayo próximo.
Sin
el apoyo del 75% de los acreedores (número necesario para avanzar con la
postergación del pago), el Ejecutivo provincial comunicó hoy a los bonistas un
nuevo plazo de negociación, que vence el 3 de febrero a las 13.
“Hay
un porcentaje de bonistas que aún no aceptó la propuesta de la provincia y con
los cuales seguimos conversando”, aseguraron fuentes oficiales. Es la segunda
ocasión en que Kicillof extiende el plazo de las discusiones: la primera fecha
de vencimiento de la oferta de “reperfilamiento” venció el 22 de enero, pero la
Provincia no logró alcanzar el 75% de los avales requeridos debido a que los
acreedores cuestionaron la falta de tiempo y de precisiones sobre la oferta.
Es
por ello que para conseguir el apoyo de los bonistas, el Gobierno había
propuesto pagar por anticipado los intereses del capital diferido (por el
periodo que va del 27 de enero al 1° de mayo), pero no alcanzó. Según la
Provincia, “los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la
modificación, aproximadamente US$ 28,698 cada US$ 1000 de capital diferido”.
En
las últimas horas trascendió en los mercados que el Gobierno podía evaluar
otras alternativas, como un acuerdo para el pago parcial del capital o un
“préstamo puente” con bancos locales. Fuentes del Ejecutivo señalaron, no
obstante, que “no está tan claro” que eso vaya a ocurrir.
El
Gobierno busca diferir hasta el 1° de mayo el pago de US$250 millones
correspondiente a un vencimiento del capital del bono BP21 (originalmente
agendado para el 26 de enero). Tras la nueva fecha límite del 3 de febrero, el
Gobierno provincial tendrá poco margen para seguir negociando, puesto que si no
hay acuerdo y no paga antes del próximo miércoles entrará en default.
¿Cuántos
aceptaron hasta ahora?
El
lunes pasado surgió la versión de que el ministro de Economía nacional, Martín
Guzmán, había dicho en una reunión del Consejo de las Américas que hasta ese
momento al propuesta de la Provincia había alcanzado apenas el 26% de la
aceptación, lo que pareció contradecir a su par provincial, Pablo López, que
había hablado de un acatamiento “importante” por parte de los
acreedores. En Gobernación, en tanto, evitan dar porcentajes para evitar
especulaciones y cambios de posición de último momento.
Si
bien voceros del gobierno nacional y provincial pusieron en duda que Guzmán
haya dado esa precisión, DIB pudo constatar que en la administración bonaerense
están convencidos de que ocurrió. Lo atribuyen a la estrategia nacional de
negociación: “se intentó dar una señal de que la aceptación avanza y a la
vez alentar a sumarse”, conjeturó una alta fuente del Gabinete.
Si
hay default, la Provincia se expone a una demanda en tribunales internacionales
y a una “aceleración” del total de la deuda, lo que implica que sería
exigible en su totalidad ahora. De todos modos, esto último no ocurriría de
manera automática.
Los
escenarios posibles
La
provincia tiene ante sí dos escenarios muy diferentes en materia de deuda: si
finalmente esquiva el default, tendrá un alivio fiscal importante, pero si no
lo logra, se expone a una “aceleración” de los plazos de pago de
todas sus acreencias bajo ley extranjera, unos USD 7 mil millones.
El
primer efecto de alcanzar un acuerdo pasaría por el horizonte fiscal: la
provincia tendría más margen para hacer frente a las exigentes demandas de la
gestión, en un período en el cual se suman complejidades, como los aumentos
salariales a sus empleados, que ya están comprometidos.
Además,
descargaría en Nación el peso de la negociación más compleja, porque los
papales de la provincia quedarían atados al destino de esas conversaciones.
Ojo: en mayo la provincia tiene el segundo vencimiento importante del año: USD
110 millones de un bono PAR. Por eso, aunque ahora haya postergación, si en ese
momento no hay acuerdo, deberá pagar USD 360 millones, una meta incluso más
exigente que la que hoy no puede alcanzar.
Pero
si hay default ahora se abren escenarios más complejos. El primero es el
litigio judicial, que se haría en tribunales de Nueva York, porque el bono que
vence está atado a legislación extranjera. El segundo, no menos complejo, es la
aceleración de la deuda. Esto es: los bonistas podrían exigir el total del bono
PAR 21, que es de USD750 millones, aunque aún no haya vencido.
Es
más: a ese mismo recurso podría apelar el total de los tenedores de la deuda
bonaerense nominada en moneda extranjera, que alcanza unos USD 7 mil millones.
(DIB) FD/JG
