La Plata, ene 22 (DIB/CENTRAL).- El gobierno de Axel
Kicillof no logró hoy la aceptación del piso del 75% de los acreedores que le
permitía prorrogar hasta el 1 de mayo un vencimiento de deuda por USD 250
millones, pero apeló a una jugada de último momento para mantener con vida la
negociación y esquivar el default: prorrogó hasta el último día de este mes la
fecha tope, a la espera de lograr finalmente el acuerdo.
Se trata de un vencimiento de capital el bono BP21, emitido
el 2011 por la administración de Daniel Scioli, que operaba originalmente el
viernes, pero que la administración Kicillof propuso -el 14 de este mes- a los
bonistas posponer hasta mayo, bajo el argumento de que no puede pagarlo. El
plazo original para que los acreedores comunicaran si aceptaban o no esa
prórroga venció este mediodía.
Unas horas antes de que el gobierno comunicara oficialmente
esa decisión, se conoció el comunicado de un Comité constituido en Nueva
York, que reúne a bonistas con papeles
de la provincia, que se quejaba del poco plazo que se les había dado para
aceptar un rechazar la propuesta de prórroga y, también, el hecho de tener que
hacerlo sin conocer un plan integral del manejo de toda la deuda.
Pero como en ese
mismo texto el Province of Buenos Aires Boundholder Committe ?tal su
denominación original- remarcó su predisposición para “entablar negociaciones
de buena fe sobre la base de un plan económico sólido y completo”, el gobierno
avanzó por el estiramiento del plazo para aceptar o no. La intención es
alcanzar antes de que expire el piso del 75% de aceptación que permita posponer
el pago de la porción de capital en un marco de un acuerdo.
Detrás de esa estrategia hay un moderado optimismo oficial
respecto de la chance de alcanzar el acuerdo. Algo de eso deja traslucir el
comunicado oficial sobre el estiramiento de los plazos para negociar. “A la
fecha hemos recibido el apoyo de un número significativo de bonistas, y
continuamos en diálogo con inversores institucionales cuya participación
permitiría arribar al resultado buscado”, dice el texto difundido por el
ministerio de Comunicación de la provincia.
Altas fuentes del Ejecutivo ampliaron a DIB los motivos de esa expectativa favorable:
dijeron que ya un número “importante” de
bonistas, que no quisieron precisar bajo el argumento de no perjudicar su
posición negociadora, ya dio el sí. Y que entre los que aún no lo hicieron, que
serían un grupo de fondos de inversión, nadie adelantó un rechazo. Apuntaron a
otro detalle: en el comunicado del Committe se insta al resto de los acreedores
a estudiar la oferta de la provincia.
Ayer había trascendido que el fondo Fidelity había
manifestado su rechazo al plan, pero el gobierno negó la versión y ni siquiera
confirmó que ese fondo sea uno de los acreedores. Aunque el gobierno no lo
precisó, la adhesión de los fondos más grandes sería la clave para alcanzar el
75%: sin su voluntad no sería posible cumplir con la cláusula de acción
colectiva que estipula ese piso, alto si se tiene en cuenta que para papeles
posteriores a 2014 bajó al 50% promedio.
En el ajedrez con los bonistas hay involucradas algunas
fechas clave. La más importante es el 5 de febrero: si ese día no se alcanzó el
acuerdo, o si el gobierno no pagó el vencimiento ?algo que en principio no está
contemplado- la provincia entrará en default. Ese límite no se modificó aunque se
haya corrido la fecha para comunicar si se acepta o no postergar el pago. De
hecho, hasta ese día podrían seguir las negociaciones.
En este marco, el gobierno volvió a ratificar que actúa en
consonancia con la estrategia nacional en materia de renegociación de deuda,
aunque operativamente las conversaciones van por carriles separados. Por eso,
volvió a enfatizar que pagará los intereses del BP21, por USD 27 millones. Y
que no tiene previsto pagar, en caso de que no se logre el acuerdo, aunque
existen versiones de que podría hacerlo, sin recibir para ello asistencia
nacional.
Para los bonistas, existe un aliciente explícito para
adherir ahora en la posibilidad de que aunque un acuerdo haya default. Si lo
hacen, saben que se arriesgan a la posibilidad de una quita, ya que los BP21
entrarían dentro del paquete de renegociación nacional. Un elemento del que se
toman por estas horas las autoridades de la provincia es que muchos tenedores
del bono bonaerense también tienen otros bonos bonaerenses y nacionales. Y por
eso, podrían buscar una solución amigable. (DIB) AL
