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19/09/2021
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Defensoría pide leyes para evitar persecución a consumidores de marihuana

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La Plata, ene 28 (DIB).- La Defensoría del Pueblo
bonaerense reclamó que se dicten leyes para evitar la persecución a
consumidores de cannabis al alertar sobre la alta cantidad de procesos
judiciales iniciados contra quienes son detenidos con pequeñas dosis para uso
personal.

El pedido se apoya en un informe realizado por el
Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del
Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, referido al incremento de
denuncias en los últimos dos años sobre requisas y aprehensiones arbitrarias en
la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia
de estupefacientes para consumo personal.

“Según el trabajo, casi la totalidad de los
procedimientos se realizaron en la vía pública y fueron víctimas jóvenes que,
por su apariencia física, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a
interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el
secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que
estaban destinadas al consumo personal en ámbitos privados”, señaló Defensoría
en un comunicado.

Asimismo, detalló que las estadísticas disponibles del
Ministerio Público bonaerense señalan que la “judicialización pegó un salto en
2018: casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de
Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal”.

“Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017,
y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias
(IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del
Poder Judicial y de las fuerzas policiales”, advirtió la Defensoría provincial. 

El organismo asegura que “si se tiene en cuenta el
cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociación de
Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de cada una de estas causas le
genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos”. “Por lo tanto, si
sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por
tenencia para consumo, el gasto anual ascendería a los 183 millones de pesos”,
indica.

En este marco, la Defensoría planteó una serie de
propuesta: modificar la Ley de Estupefacientes para evitar la persecución
judicial de usuarios y cultivadores; revisar la Ley de Desfederalización
Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, y declarar la
emergencia en materia de adicciones en todo el país.

“Es necesario avanzar hacia una actualización de las
normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados, y que tengan el
derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su
estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso
como forma de contrarrestar los mercados ilícitos y sus consecuencias”,
puntualizó Lorenzino.

En los últimos días, el Colectivo de Salud Comunitaria y
Cultivo de Cannabis La Semilla y la asociación de Profesionales de la Salud por
el Cannabis Terapéutico (Procannt) habían el accionar “sistemático”
del fiscal Mauricio del Cero, del departamento judicial de Bahía Blanca,  contra cultivadores solidarios y usuarios de
cannabis medicinal, al conocerse un nuevo allanamiento a una usuaria de la localidad
de Darregueira. (DIB) MT

 

 
 

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