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20/09/2021
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Entró en vigencia el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo

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La Plata, dic 13 (DIB).- El nuevo protocolo para la
interrupción legal del embarazo (ILE) ya es oficial. A través de la resolución
1/2019, primera medida firmada por el flamante ministro de Salud, Ginés
González García, se aprobó la actualización de la guía, decisión que calificó
como “un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y
reproductiva”.

La medida, que el expresidente Mauricio Macri había
derogado, fue publicada en el Boletín Oficial y la resolución explica que el
protocolo es “una guía” para que los equipos de salud “cumplan
con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el
marco jurídico argentino”.

“Esto no modifica ninguna ley vigente. Es un
instructivo. Es una guía de procedimientos que usa la medicina en otras
prácticas para saber cómo proceder, para saber que están haciendo lo correcto y
que lo están haciendo bien”, dijo este viernes González García en Radio
Mitre.

La medida se basa en el fallo “F.A.L. s/ medida
autosatisfactiva” por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
determinó que la interrupción del embarazo no precisa una autorización judicial
en las condiciones descriptas en el artículo 86 del Código Penal, para casos de
embarazos por violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.

El nuevo documento también hace hincapié en la diversidad de
género: “El derecho a ILE (???) corresponde a toda las personas con capacidad de
gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias,
etc.)”, indica.

Establece, además, que la decisión de la persona gestante
debe prevalecer por sobre la de los médicos, e incluye a la violencia
obstétrica como una forma de violencia de género.

También determina que quien se encuentra en dichas
condiciones “no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización
judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como
tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción
del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta
punible”.

La resolución de hoy puntualiza que el nuevo protocolo
“incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los
procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y
aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso
rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el
primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos”.

 

Principales puntos

Entre los principales puntos del documento, aparece el rol
“fundamental” de los profesionales de la salud para “brindar información y
orientación a las personas amparadas por el derecho a la interrupción legal del
embarazo”.

Asimismo, señala que en casos de que el embarazo haya sido
originado por una violación, se debe realizar una declaración jurada en la que
la paciente exprese haber sido víctima de un hecho de ese tipo: en ninguna
situación es necesario que describa los hechos ni que presente una denuncia
policial o judicial.

Para realizar la interrupción del embarazo, se establece el
tratamiento medicamentoso con misoprostol (incluida la provisión de la
medicación y las indicaciones de uso) o la AMEU (aspiración manual
endouterina), de acuerdo a lo que evalúe el médico en cada caso en particular:
puede ser un tratamiento ambulatorio o con internación.

Otro punto central es que un profesional de la salud tiene
derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero haberlo declarado y
notificado previamente a las autoridades pertinentes, para evitar que eso se
traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención sanitaria.

Sin embargo, no podrá ejercerse la objeción de conciencia si
no existiera un profesional disponible para la realizar la práctica de forma
oportuna o cuando se trate de una emergencia y la ILE deba realizarse de forma
urgente.

No obstante, la objeción de conciencia es individual, por lo
que los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE.

Asimismo, el protocolo señalar que al obtener el alta tras
la internación o luego de recibir las indicaciones de cómo utilizar los
medicamentos, los médicos deben explicarle a la persona lo relacionado con
posibles hemorragias y dolores después de la ILE, así como también brindarle
los consejos sobre higiene y cuidados.

Según se explica en los considerados de la resolución, el
nuevo protocolo se orienta por los “objetivos que una política sanitaria
en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia
científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como
responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio
de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan.

También se aclara que “se basa en la mejor evidencia
científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores
de protocolos nacionales y provinciales.

Por último, la resolución señala que el nuevo protocolo tomó
como antecedentes el derogado por Decreto Nº 785/2019, como su homónimo del año
2015, que había tomado como base las dos ediciones de la “Guía Técnica
para la Atención Integral de Abortos No Punibles” de 2007 y 2010.

El ministro destacó que “en varias provincias
argentinas en donde la justicia actúa de manera alevosa” contra la
aplicación de la ley y contó: “Me peleé con unos cuantos antiderechos para
que se cumpliera. Lo tuve que hacer en muchos casos”.

Por último, sobre la elaboración de un posible proyecto de
ley para tratar la legalización del aborto el año que viene, González García
dijo en radio La Red: “Llevo dos días, es un poco exagerado. Me voy a
dedicar a que se cumplan las leyes vigentes”. (DIB) MCH

 
 

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