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06/12/2021
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Cárceles hacinadas: el número de presos duplica las plazas y aumentó 33% en 4 años

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La Plata, dic 14 (DIB).- Durante el gobierno de María
Eugenia Vidal aumentó un 33% el número de detenidos en cárceles y comisarías de
la provincia, lo que provocó una sobrepoblación del 113% en los penales y de
más del 300% en las dependencias policiales.

Esta situación quedó expuesta en las últimas semanas, luego
de que se declarara una huelga de hambre en varias cárceles de la provincia, en
reclamo por la falta de provisión de alimentos. Durante su discurso de
asunción, el gobernador Axel Kicillof se refirió al tema y advirtió sobre un
nivel de sobrepoblación “jamás registrado”. En el mismo sentido, el flamante
ministro de Justicia provincial, Julio Alak, aseguró que la situación
penitenciaria es “una deuda de la democracia”, y adelantó la convocatoria a una
“mesa de diálogo” para abordar el problema.

La situación dejó
expuesta la grave crisis del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB), eje de
numerosas intervenciones y reformas en los últimos años, y puso de nuevo en
escena el complicado panorama de los lugares de encierro de la provincia.

En ese marco, ¿qué
ocurrió durante la gestión Vidal? Según las estadísticas de la Procuración de
la Suprema Corte bonaerense, a fines de 2018 había 53 mil personas detenidas en
cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses, un 32,7% más que a fines de 2015.
La tasa de detención pasó de 240 presos cada 100 mil habitantes a 308, mientras
que la media nacional es de 194.

La exgobernadora
inició su mandato con casi 40 mil personas detenidas. Entonces ya había una
sobrepoblación preocupante, cercana al 35%. En la actualidad, de acuerdo a los
números oficiales, los detenidos duplican la capacidad de alojamiento del
Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) y cuadriplican las plazas disponibles
en las comisarías.

¿Cómo se llegó a
esta situación? En un duro informe publicado este año, el Tribunal de Casación
Penal bonaerense apuntó la mirada sobre la modificación de la Ley de Ejecución
Penal nacional, aprobada en 2017, que endureció las condiciones de
excarcelación, lo que derivó en un “aumento significativo del encarcelamiento”.

En efecto, el
colapso del sistema de encierro durante los últimos años encuentra una de sus
causas en un aumento del 27% en las detenciones: mientras que en 2015 se
produjeron 35.400, a fines de 2018 se registraron más de 45 mil.

Durante los últimos
cuatro años hubo un incremento en las detenciones por la Ley de Estupefacientes
(pasaron del 8 al 11% del total), lo que para Casación derivó en “el
encarcelamiento masivo de consumidores, incrementando exponencialmente la
población carcelaria”. Es que la norma dispone la detención de una persona a
quien se le encuentre droga, aun cuando la cantidad indique que se trata de
consumo personal. Pese a que la persona luego es liberada, siguiendo el fallo
de la Corte Suprema de la Nación, puede pasar algunos días detenido, y una vez
liberado la causa penal sigue su curso.

En los últimos años
aumentó el número de detenidos con sentencia firme (pasó del 43,7 al 48%), pero
el nivel de pesos con prisiones preventivas o condenas no firmes sigue siendo
alto (52%). Además, aumentó la cantidad de días que una persona pasa detenido
hasta la sentencia: pasó de 382 en 2015 a 479 en 2018.

Datos crudos

Según el último
informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en 2018 “más de la
mitad de las personas detenidas no tuvo un espacio adecuado para dormir”. En el
documento advirtieron además que “son récord las estadísticas de personas
detenidas en las comisarías, que crecieron 33% en un año”. Según detallaron, el
53% de las 483 comisarías bonaerenses están inhabilitadas para alojar presos,
pero 113 de ellas igual lo hacían.

En tanto, el
Tribunal de Casación advirtió que “el hacinamiento de personas privadas de
libertad producto de la sobrepoblación que se corrobora en la mayoría de las
unidades penitenciarias genera ya, inicialmente, fricciones constantes entre
los internos, propiciando de ese modo situaciones de violencia, a lo que debe
sumarse las dificultades para mantener condiciones regulares de higiene, el
riesgo de propagación de enfermedades y obtura el acceso a las ya escasas
herramientas de integración social como la educación y el trabajo”.

“Los niveles de
sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento
que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y
ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos
y el personal que los custodia”, cerró. (DIB) JG

 
 

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