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22/09/2021
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El Gobierno oficializó los límites a las prisiones preventivas

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La Plata, nov 19 (DIB).- La resolución de la Comisión
Bicameral que delimitó el dictado y los alcances de la prisión
preventiva fue publicada este martes en el Boletín Oficial, por lo que
desde el viernes entrará formalmente en vigencia y preanuncia una catarata de
planteos judiciales para revisar la situación de quienes hoy están detenidos sin
condena.

La resolución pone límites a las prisiones preventivas y podría
beneficiar a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios investigados en
la causa de los Cuadernos de las coimas, aunque también podrían alcanzar a
futuros acusados del macrismo.

A través de la Resolución 2/2019, se llama a implementar los
artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal
Penal Federal a partir del “tercer día hábil posterior a la fecha de
publicación” del texto, es decir, desde el viernes. Se implementarán en
todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, así como en las causas
iniciadas en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y
de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El artículo 221 indica qué se debe considerar a la hora
de definir el “peligro de fuga”. Entre otras razones, se considerarán
el arraigo y las facilidades para abandonar el país; la naturaleza del
hecho y la constatación de detenciones previas; el comportamiento del imputado,
“en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa
información sobre su identidad o domicilio”.

En tanto, el artículo 222 -crucial para los casos en
cuestión- trata el “peligro de entorpecimiento” en la averiguación de
la verdad. El artículo señala que se deberá tener en cuenta la existencia de
indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado: “Destruirá,
modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; intentará
asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; hostigará o
amenazará a la víctima o a testigos; influirá para que testigos o peritos
informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; inducirá o
determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los
realizaren”.

Además, el artículo 210 enumera nueve medidas de
coerción (desde la promesa del imputado de no obstaculizar la
investigación hasta el arresto domiciliario y la vigilancia con dispositivos
electrónicos) anteriores a que se pueda dictar la prisión preventiva.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado por el Congreso
a fines de 2018 y su aplicación, prevista en etapas, comenzó a regir en junio.
Los artículos que entran en funcionamiento esta semana fueron aprobados
por la Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal el
miércoles 13, con la firma de representantes del kirchnerismo, del
macrismo, del peronismo y de la centroizquierda.

Desde 2016 hubo una escalada de preventivas, con 74 entre
exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. Apenas media docena de
ellos continúan en prisión.

Hasta este momento se utilizaba “la doctrina
Irurzun”, denominada así por el presidente de la Cámara Federal porteña
que confirmó la detención preventiva de Julio De Vido en la causa por
corrupción en la mina de Río Turbio.

El camarista Martín Irurzun indicó que era grave el faltante
de expedientes en la causa y que el ex ministro de Energía, al ser diputado,
tenía “un rol preponderante como presidente de la Comisión de Energía de
la Cámara de Diputados”. Sus palabras luego fueron tomadas como fundamento
para establecer otras prisiones preventivas. (DIB) FD

 

 
 

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