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25/05/2020
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Defensoría pide medidas de control para el cigarrillo electrónico en la provincia

La Plata, nov 8 (DIB).- El Defensor del Pueblo Adjunto
bonaerense, Walter Martello, pidió este viernes que el Estado debe instrumentar
una campaña de publicidad destinada a la “concientización de los daños que
producen los vapeadores y los cigarrillos electrónicos”.

En Estados Unidos, al 5 de noviembre de este año, se
reportaron 39 muertes vinculadas a este tipo de consumo y 2051 casos de
usuarios con lesiones pulmonares, mientras que en Argentina hubo un joven
internado grave por esta causa.

Martello alertó que la creencia acerca de que los
cigarrillos electrónicos o dispositivos similares (tales como el IQOS, un
híbrido entre el vapeador y un producto de tabaco tradicional) resultan inocuos
o de escaso impacto en la salud es una idea que busca ser instalada por las
propias tabacaleras, que a su vez son las que controlan gran parte del negocio.

Un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre
Drogas de la Nación Argentina (exSedronar), publicado en 2018, revela que más
del 60% de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos en nuestro país
lo hacen creyendo que sirve para dejar de fumar, pese a no existir evidencia
científica que lo avale.

A su vez, el 50% de los usuarios más jóvenes no sabe si lo
que están inhalando contiene o no nicotina y existe otro indicador que resulta
por demás preocupante: el 82% de los jóvenes de hasta 17 años que vapea declara
que lo hace “simplemente porque sí”.

Otra cuestión que no debe pasar desapercibida es el nivel de
conocimiento/desconocimiento en cuanto a los compuestos que se inhalan con esta
modalidad de consumo. En ese sentido, cuatro de cada diez entrevistados (38,2%)
por la ex Sedronar afirmó desconocer si el dispositivo contenía (o no)
nicotina, siendo este valor levemente superior en mujeres respecto a hombres
(40,2% y 36,3% respectivamente). En tanto, los jóvenes de entre 12 y 17 años,
expresan el porcentaje más alto de desconocimiento con el 50,3%.

Walter Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio
de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense,
remarcó que la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos en
Argentina fue prohibida hace nueve años por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La resolución de la ANMAT fue ratificada en 2016 y 2018.
Pero los controles y la fiscalización, por parte del Estado nacional, son de
nulo cumplimiento. “Prácticamente, los productos son de venta libre en
distintos comercios minoristas y proliferan en los sitios de ventas on line,
sin siquiera incluir leyendas sanitarias sobre los peligros que implican su
uso”, explicó.

En la actualidad, la mayor parte de estos dispositivos se comercializan
bajo declaraciones de inocuidad y se presentan como un facilitador para la
deshabituación o reducción del consumo de tabaco, cuando en realidad su
seguridad y eficacia no fue demostrada.

En el último tiempo, en distintos países, existe preocupación
por las recargas que utilizan los usuarios al no existir controles respecto a
lo que se vende. En EE. UU, el 76% de los casos de EVALI se da por vapeo de
productos con tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, principal
constituyente psicoactivo del cannabis.

Además, existen crecientes sospechas sobre una sustancia
adulterante de cartuchos de THC recargados ilegalmente: Acetato de Vitamina E.
Se trata de un producto que se compra en sitios de ventas online a $ 300 los
100 mililitros.

 

Proyectos pendientes

Existen varios proyectos para regular los cigarrillos
electrónicos que fueron presentados tanto en el Congreso nacional como en la
Legislatura bonaerense, pero ninguno ha logrado avanzar. Por ejemplo, una
iniciativa planteada por el actual oficialismo en mayo de 2018 (incluye a los
vapeadores dentro de la normativa regulatoria de aspectos relativos al consumo,
comercialización, publicidad, patrocinio, promoción, exhibición, distribución y
entrega de productos elaborados con tabaco y sus derivados) se encuentra hace
un año y medio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial sin
poder recibir despacho favorable.

El proyecto en cuestión equipara, dentro del marco normativo
bonaerense, el vapeo con el consumo tradicional de cigarrillos, prohibiendo que
sean utilizados en edificios públicos, establecimientos comerciales de uso
público con ambientes cerrados; medios de transportes, bares, restaurants, café
y lugares de trabajo. (DIB) MCH

 

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