La Plata, oct 18 (DIB).- La jueza federal con competencia
electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la
Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de susbidios a
desocupados hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.
La medida cautelar, dirigida al ministro Sica y al
secretario Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente
de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron infracción al
artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien
compeliera a un elector a votar de manera determinada.
Los apoderados habían reclamado la medida provisoria
“urgente” para que se ordene a la cartera abstenerse de disponer de fondos para
el pago de subsidios creados la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, “o
cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los
electores” en los comicios del próximo 27 de octubre”.
La resolución, firmada el 3 de octubre, y “no publicada en el Boletín Oficial”,
consiste en un “plan social” para unos 114.000 desocupados, con subsidios de
5.000 pesos por “única vez” para personas mayores de 18 años que no percibieran
otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.
Los denunciantes destacaron que se trata de un presupuesto
de 570.000.000 de pesos, con más de la cuarta parte destinada al municipio
bonaerense de Lomas de Zamora, y que serían canalizados por comunas y
dirigentes locales afines al presidente Mauricio Macri, tiene como “objeto
oculto” condicionar a quienes resulten beneficiarios del subsidio.
“No se trataría de una medida de orden general, sino de una
herramienta para los actuales funcionarios que quieran presentarse a una
reelección, para cambiar el voto de las personas necesitadas de esta clase a
ayuda social”, acotaron los apoderados del Frente de Todos, que aportaron como
prueba un artículo periodístico del diario Ámbito Financiero.
Para dictar la medida cautelar, la jueza ponderó el dictamen
del fiscal Jorge Di Lello, quien opinó que a las agrupaciones de la contienda
electoral deben serle garantizadas, mediante métodos de transparencia e
igualdad, que el Estado Nacional no utilizará su andamiaje para obtener
beneficios en contra de la participación de todas las fuerzas.
El fiscal opinó además que luego del 27 de octubre, el
Gobierno podrá permitir que los subsidios se entreguen luego agotando la
partida presupuestaria, siempre en el entendimiento que ha dejado de existir
disparidad entre las fuerzas que participen de la elección. (DIB) FD
