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25/05/2020
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Denuncian “violación estructural de DDHH en cárceles y comisarías de la provincia”

La Plata, oct 9 (DIB).- El Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció esta tarde la grave situación en
los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante la exposición
de sus informes sobre las personas privadas de libertad en las cárceles y
comisarías bonaerenses, encuentro que tuvo lugar en el Salón “Nunca Más” de la
Cámara de Senadores provincial, en La Plata. Presentados por Juan Manuel
Irrazábal, presidente del Comité, los comisionados Josefina Ignacio y Gustavo
Palmieri dieron cuenta de la “violación estructural de los Derechos Humanos en
cárceles y comisarías de la provincia”, respectivamente.

En cuanto a las cárceles, las condiciones edilicias colocan en riesgo la
salud y la vida de las personas. El sistema carcelario de la provincia padece “una
grave situación de sobrepoblación”. Según el informe, al 30 de mayo de 2019 había
43.445 personas privadas de su libertad en unidades penales, más 1.029 en
alcaidías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico. De ese total, el
48,79% no contaban con condena firme. El informe plantea que la declaración de
la Emergencia Penitenciaria y la firma del Convenio Marco de Cooperación entre los
ministerios de Justicia de Nación y provincia, mediante el cual se establecía
un cronograma de traslado, no pudo completarse debido a la emergencia declarada
en el Servicio Penitenciario Federal.

Por otro lado, el aislamiento
o “buzón” continúa siendo “una de las prácticas más extendidas y
perniciosas, ya que se afecta la dignidad de las personas y el respeto de sus
derechos”. En las “celdas de admisión” con régimen de confinamiento las
estadías superan ampliamente el mes de alojamiento. En este sentido, el Comité
menciona el caso de la Unidad 2 de Sierra Chica, en Olavarría. Allí se hallaron
personas privadas de libertad en celdas de aislamiento cumpliendo sanciones
disciplinarias con 22 horas de encierro diario en espacios reducidos; sin luz
natural, agua potable, ni sanitarios; sin acceso a las actividades contempladas
para el período de tratamiento que dispone la Ley de Ejecución de Penas.

En cuanto a las muertes bajo custodia, se observa un aumento con
relación a años anteriores: 119 en 2014 contra 133 de 2018. “Preocupa al Comité
que en 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados
como ?averiguación de causal?”.

Otro punto destacado son los denominados “informes criminológicos”. “Las falencias detectadas
en la producción de estos informes hacen que continúe siendo uno de los
principales obstáculos para el acceso a los diferentes derechos que establece
la ley”.

En salud, los servicios de sanidad inspeccionados no cuentan con
recursos humanos e insumos para la asistencia primaria de pacientes en cantidad
suficiente. Respecto de la salud
mental, se evidencian altos niveles de depresión, “motivados muchas veces en
ansiedades específicas vinculadas al desconocimiento del estado procesal del
caso que motiva la privación de libertad, incertidumbre, escasa presencia de
defensores que genera sensación de abandono y desvalimiento percibido como el
desamparo cruel”. El Comité destaca que la gran mayoría de los entrevistados
indicaron haber solicitado atención psicológica, sin éxito alguno. Sobre la
alimentación, el suministro de alimentos resulta insuficiente en cantidad y frecuencia, y deficiente
en calidad.

La situación de las mujeres se agrava, ya que suelen ser madres y sostén de hogar. Muchas de ellas
indican haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, “quienes
amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de
determinado modo”. Respecto de la “población
trans y cis”, personas trans narraron distintos acontecimientos de
maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición,
como así también durante las requisas. A su vez, se verifica una
sobrerrepresentación de mujeres cis y trans detenidas por infracción a la ley de
estupefacientes.

La situación de las comisarías

En sus informes sobre las
personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) abordó también la situación en
las comisarías. “La detención de personas en comisarías en la provincia
de Buenos Aires representa una situación grave y estructural de violación de
los Derechos Humanos, que provoca múltiples y previsibles situaciones de tratos
crueles, inhumanos y degradantes con riesgos ciertos para la vida e integridad
física de las personas allí privadas de su libertad”.

Según el CNPT, luego de la muerte de diez personas
en un incendio en la Comisaría de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de
2018, distintas acciones gubernamentales habían logrado reducir la cifra de
personas privadas de su libertad en comisarías de 4.050 a 3.200. Sin embargo, esa
reducción se revirtió y al 30 de septiembre pasado la cantidad de mujeres y hombres
privadas de su libertad en comisarías volvió a superar las 4.000 personas.

El aumento de la
población detenida en comisarías mantiene relación con el aumento del total de
personas privadas de su libertad en la provincia, que entre diciembre de 2018 y
agosto de 2019 se incrementó en más de 2.600 personas (6,4%), para un total de 48.469
privadas se su libertad en dependencias policiales y penitenciarias.

De acuerdo con el
informe, 176 dependencias policiales de la provincia tienen clausura judicial, número
que representa más de un tercio del total de las comisarías (35,7%). Es que “estructuralmente
las dependencias policiales no cuentan con la infraestructura ni los recursos
humanos mínimamente necesarios para el alojamiento de personas cuando se supera
el corto período de tiempo”.

Las herramientas
utilizadas por la Justicia, destaca el Comité, no han garantizado aún una
tutela judicial efectiva. A su vez, es las visitas se pudo verificar que, si
bien la prohibición de alojamiento de personas menores de edad tiene un grado
de cumplimiento, no así la prohibición de alojar personas enfermas.

Recomendaciones a los poderes del Estado

A partir de su informe, el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura hace una serie de recomendaciones a los tres poderes del Estado.

Respecto del Poder Ejecutivo, recomienda la clausura o reparación de
celdas, el suministro regular de elementos de aseo en cantidad suficiente y reparación
de instalaciones eléctricas, cloacales y de agua potable y caliente. Sobre
alimentación, urgente supervisión del servicio de viandas para ajustarlo a
valores nutricionales y de calidad indispensable y mayor control entre lo que
llega a la unidad y lo que es recibido por las personas privadas de la
libertad. Sobre salud, reorganización de los servicios de sanidad y control sobre
el uso de psicofármacos y el modo de administrarlos, además de implementación
de programas de rehabilitación de las adicciones. En traslados, desterrar la
práctica como forma de castigo o único medio de resolución de conflictos de
convivencia.

Siempre dirigido al Ejecutivo, plantea establecer los cupos sobre la base
de criterios generales vinculados con garantizar los estándares de
habitabilidad; evitar el confinamiento en solitario por su negativo impacto en
la salud mental; no construir mega cárceles o grandes complejos penitenciarios
que devienen en verdaderos depósitos de personas, en sitios alejados del ejido
urbano.

La progresividad, la propuesta de acceso a libertades anticipadas y la
proliferación de mecanismos de control para prisiones domiciliarias son
alternativas legítimas para disminuir el hacinamiento en las prisiones, según
el Comité, que sobre “torturas y otros malos tratos” llama a asumir el
compromiso de denunciar penalmente a los responsables y dar trámite
administrativo, y prevenir los actos de tortura supervisando la tarea del
personal y reforzando la preparación en materia de derechos humanos.

Por último, para los casos de “muerte en custodia”, resulta
indispensable Identificar las causas para trabajar en su prevención. Según el
Comité, la mayor parte de estas muertes son evitables y responden a la
deficiencia en el sistema de salud (en el caso de enfermedades no asistidas y
suicidio).

Con relación al Poder Legislativo, deberá contemplarse el impacto de
dictar nuevas leyes que supongan un incremento en la población carcelaria y
contemplarse además alternativas a la prisión como forma de cumplimiento de las
sanciones dispuestas. A su vez, debe reconocerse a la Justicia Restaurativa
como Instrumento de resolución de conflictos sociales; brindar urgente
tratamiento de una ley que fije los cupos penitenciarios y establecer plazos
perentorios en los que se deban tener resueltos los planteos de las personas
privadas de la libertad.

Por último, respecto del Poder Judicial, llama a hacer un uso racional
del encarcelamiento, evitar la aplicación del encierro preventivo basado en
estándares abstractos, evitar el encierro preventivo en delitos de escasa
lesividad y en las expectativas de condenas en suspenso, como así también en
personas sin antecedentes penales. A su vez, se recomienda a los magistrados
escoger los mecanismos alternativos a la prisión y medidas atenuadas de
encierro para personas con condenas menores a tres años de prisión; condenas
por delitos tentados; mujeres condenadas alojadas con niños o en etapa de
gestación; condenados que hayan cumplido más de la mitad de una condena que no
supere los cinco años de prisión; condenados reincidentes que hayan cumplido
más del 80% de su condena; condenados a penas que no superen los tres años de
prisión; condenados por la comisión de determinados delitos, como tenencia
neutra de estupefacientes; condenados de más de 60 años de edad; condenados que
realicen salidas controladas para trabajar y/o estudiar; población LGBTI cuando
no pueda garantizarse el adecuado ejercicio de sus derechos; personas que
padezcan enfermedad y no puedan recibir tratamiento médico adecuado.

El CNPT

El Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura es un organismo estatal independiente para la prevención
de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las
personas privadas de libertad en cualquier institución pública, privada o mixta.
Fue creado por la ley nacional 26.827, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanas y Degradantes de la ONU. (DIB) GML

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