La Plata, ago 7 (DIB).- La Suprema Corte Bonaerense ratificó
en las últimas semanas una cautelar que prohíbe las fumigaciones con
agroquímicos a menos de 1.000 metros en General Pueyrredon (Mar del Plata), y desde los grupos ambientalistas advierten que el fallo podría servir como testigo
para situaciones similares que puedan darse en otros distritos de la provincia.
El conflicto por fumigaciones en Mar del Plata viene de
larga data y el pasado julio tuvo un nuevo capítulo, cuando el máximo órgano
judicial a nivel provincial falló a favor de la organización Asamblea Paren de
Fumigar Mar del Plata y le devolvió la vigencia a una ordenanza sancionada en
2008.
“Es jurisprudencia de la que se pueden valer otros
ciudadanos y otros vecinos para fijar esa distancia, pero es uno más de tantos
que se han resuelto a favor de la salud y la vida”, le dijo a DIB el abogado la
Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea,
Lucas Landivar.
La norma municipal de hace más de 11 años (la Nº 18.740),
ahora ratificada, prohibió en ese entonces la fumigación con agroquímicos a
menos de 1.000 metros de “núcleos poblacionales”, pero su reglamentación y
aplicación quedó relegada por decisión política hasta el año 2011 cuando un
grupo de vecinos presentó una acción de amparo.
Sin embargo, el tironeo no terminó ahí. Tras las primeras
sanciones contra los infractores, sectores agropecuarios se abroquelaron e
hicieron una presentación ante el Municipio que derivó primero en audiencias
públicas y después en una nueva ordenanza más permisiva sancionada en 2013 (la
21.296). ??sta bajó los límites de prohibición de 1.000 a 100 metros.
Finalmente, luego una nueva presentación de sectores
ambientalistas, la Corte bonaerense ratificó las distancias que determinó la
ordenanza de 2008.
Sin cumplimiento
Landivar acusó al Municipio (hoy a cargo de Carlos Arroyo)
de no cumplir con el control sobre las áreas prohibidas para fumigación tras el
fallo de la Corte.
“Quedó clarísimo en la audiencia de julio que se debe
cumplir con los 1.000 metros; pero el sábado hubo una fumigación bastante
intensa en uno de los barrios más afectados, en el que hay casos de abortos
espontáneos y enfermedades respiratorias. No se cumple, ni se controla”, se
quejó el letrado.
A partir de la decisión judicial, las partes (municipio y
ambientalistas) también deberían trabajar mancomunadamente para lograr un
proyecto superador sobre la temática. “Vemos que es muy poco lo que ofrece la
Comuna”, se quejó Landivar.
Situación provincial
Este año el Ministerio de Agroindustria bonaerense determinó
pautas de aplicación para el uso de agroquímicos a través de la resolución 246.
Esa norma cosechó rechazos de distintos sectores ambientalistas que la vieron
más permisiva que algunas ordenanzas locales, lo que generó su suspensión para
la realización de un estudio detallado sobre la situación.
Uno de los artículos más criticados de la resolución fue el
5°, donde el Gobierno limitaba el uso de agroquímicos en zonas de escuelas solo
en horario de clases. “El único límite a la aplicación de agrotóxicos de
acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”, advirtieron
las ONG, que calificaron la norma como “regresiva”.
Tras esas observaciones, el Ejecutivo provincial decidió
modificar ese punto y suspender la vigencia por un año de la 246 para
“poder trabajar -durante este tiempo- en forma precisa, eficiente y
detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los
Municipios suscriptores del convenio”.
En ese marco, a fines de junio, la Dirección Provincial de
Fiscalización Agropecuaria bonaerense dispuso crear el “el equipo de
trabajo técnico multidisciplinario e interinstitucional” que deberá
“elaborar un protocolo específico de aplicación de fitosanitarios en la
zona de amortiguamiento”. (DIB) MT
