La Plata, jul 15 (DIB).- El Procurador General de la Corte
bonaerense, Julio Conte Grand, pidió a la Justicia que investigue los dichos
del presidente del máximo tribunal provincial, Eduardo De Lázzari, quien había
advertido sobre situaciones irregulares en Comodoro Py y sostuvo que esa
situación podía repetirse en la provincia.
En medio de la polémica suscitada por los dichos de De
Lázzari, que fueron tomados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
en su embate contra Comodoro Py, Conte Grand solicitó que se remita una copia
de las declaraciones del juez a la Secretaría de Política Criminal de la
Procuración, con el fin de dar intervención al fiscal general del departamento
judicial de La Plata, Héctor Vogliolo.
De este modo, Conte Grand judicializará las declaraciones de
De Lázzari, de modo de obligarlo a que aclare, como le pidió hoy la gobernadora
María Eugenia Vidal, si conoce casos concretos y los denuncie ante la Justicia.
Por otro lado, Conte Grand remitirá las declaraciones del
titular de la Corte a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento
de la Procuración, con el objetivo de forzar a los fiscales que apoyaron sus
dichos acaren si “tienen conocimiento de la existencia de causas armadas o
abuso de arrepentidos”.
La polémica
La polémica se inició cuando el presidente de la Corte
bonaerense, al disertar en las V Jornadas de actualización de la red de jueces
penales bonaerenses, cargara duro con la Justicia Federal, en particular con
los jueces de Comodoro Py, al advertir sobre “causas armadas”,
“abuso de arrepentidos” y la intervención de espías en
“complicidad” de jueces y fiscales.
En lo que pareció una clara referencia a las causas más
políticas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, que tienen como
principales apuntados a exfuncionarios kirchneristas, enumeró los “abusos
de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que
inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar
condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable”.
En ese marco, De Lázzari sostuvo que en esas causas, algunas
de las cuales aseguró que fueron “armadas artificialmente”, actuaron
“influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas,
con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio
Público”.
Los dichos de De Lázzari fueron tomados por CFK, quien
enfrenta 11 procesamientos en ese fuero, con seis pedidos de prisión. La exmandataria
utilizó un video publicado por DIB y escribió en sus redes: “Por favor,
escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista.
Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo
que pasa en el Poder Judicial de tu país”.
Como respuesta, este lunes la gobernadora María Eugenia
Vidal le pidió a De Lázzari que “si sabe que hay causas armadas las tiene
que denunciar”.
“Cuando uno es responsable de un poder, y voy a poner
mi ejemplo, si yo sé que hay un delito, y la persecución y el armado de causas
lo son, yo estoy obligada a denunciarlos, no soy una comentarista de la
realidad”, respondió Vidal.
Por su parte, De Lázzari buscó bajarle el tono a sus
declaraciones, al señalar que sus dichos fueron tomados
“ligeramente”. En ese marco, indicó que sus expresiones fueron
vertidas en una reunión con más de 100 jueces, ante quienes “alertó a los
magistrados presentes en torno a lo que denominó abuso del proceso penal”.
“Con esa finalidad, advirtió que comenzaban a
registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo
que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está
sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores”,
conocido como el D´Alessio-gate.
En tanto, indicó que en su momento “no particularizó
los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de
las respectivas actuaciones”, pero “ante expresiones que ligeramente
califican” su actitud, mencionó el caso del fiscal de Mercedes, Juan
Bidone, envuelto en la causa de las escuchas de Dolores, y otro caso de un
fiscal de Lomas de Zamora, de los que dijo que “inmediatamente de recibidas
(las denuncias) fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las
mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración
General” a cargo de Julio Conte Grand. (DIB) JG