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22/01/2021
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Mientras es buscado, Samid desafía: “me vine a un campo para que no me vean”

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La Plata, abr 4 (DIB).- La justicia penal continuaba hoy con
la búsqueda del empresario Alberto Samid, quien aseguró que seguía en el país
aunque refugiado “en un campo muy grande, al que es muy difícil que puedan
acceder”.

Las declaraciones de Samid sorprendieron a su propio
abogado, Vicente D”Attoli, quien dijo estar “desconcertado” por su
reacción y advirtió que “corre el riesgo de quedar detenido por peligro de
fuga” si no se presenta a declarar ante el Tribunal Oral en lo Penal
Económico 1.

“Me vine a un campo para que no me vean. Estoy en la
Argentina, en un campo muy grande al que es muy difícil que puedan entrar. Hay
ocho tranqueras; es muy difícil que puedan entrar”, aseveró Samid, cuya
presencia es requerida por el empresario, quien permanecía hoy sin presentarse
a comparecer ante la justicia en una causa por presunta asociación ilícita.

De esta forma, el emblemático empresario de la industria de la
carne salió al cruce de versiones periodísticas que, insistentemente, señalaban
que había logrado salir del país.

Más temprano, su abogado, Vicente D”Attoli, había asegurado
-también en una entrevista con una radio- estar “desconcertado” por
la actitud asumida por su defendido que, dijo, siempre había manifestado
voluntad de “asistir a todas las audiencias, aun cuando no era
obligatorio”, en el marco de este expediente.

El letrado insistió con que “no hay pruebas”
contra Samid en la causa y estimó que “se encaminaba a la
absolución”.

En su nueva aparición pública, esta vez a través de la radio
del portal El Destape, Samid insistió en definirse como un “perseguido
político” y volvió a denunciar públicamente haber sido víctima de una
supuesta “extorsión” por parte “del fiscal de la causa” al
sostener que supuestamente le habría pedido “1,8 millones de dólares para
una causa que estaba cerrada hace treinta años”.

“Me lo pidió el fiscal, que es de la misma banda que
está en Comodoro Py, que es una unidad básica del PRO”, volvió a disparar
el empresario, quien, según fuentes judiciales, de persistir en su decisión de
no presentarse a declarar ante la Justicia, podría ser declarado prófugo, con
los riesgos procesales que eso implica.

De hecho, en las declaraciones que formuló esta mañana, el
abogado Vicente D”Attoli advirtió que Samid “corre el riesgo de quedar
detenido por peligro de fuga” en caso de que no se presente a declarar
ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, “cosa que no ocurriría si
se mantuviera a derecho”.

“Estoy desconcertado”, afirmó D”Attoli, quien
representa legalmente a Samid desde hace 30 años e incluso ejerció su defensa
desde el inicio mismo del expediente ahora en cuestión, que arrancó hace 23
años, allá por 1996, consignó.

En este sentido, el abogado contó que el Tribunal le había
asegurado a Samid que mantendría su criterio de “mantener la libertad
hasta tanto recayera sentencia firme, es decir en caso de que hubiera condena y
esa condena pasara además por Casación y la Corte Suprema, cuando en verdad
también podía venir una absolución porque se trata de una causa muy antigua, de
casi 25 años, en la que no hay pruebas” y “el delito de evasión no
existe más”.

De hecho, el letrado -quien reveló haber presentado en las
últimas horas la renuncia a la defensa de Samid ante su decisión de no seguir
los pasos que le indicó pero que deberá continuar en ese rol hasta que su
decisión sea confirmada- aseguró que el expediente que involucra al empresario
“empezó en 1996, estuvo 23 años dando vueltas y hubo tres
sobreseimientos”.

El abogado defendió el accionar tanto de los jueces como del
fiscal al subrayar su “acabada honestidad” y dijo que no le constaba
que el fiscal hubiese intentado extorsionar al empresario, tal como lo denunció
él mismo en sus apariciones mediáticas de anoche y este mediodía, y que, de
hecho, en los trámites no había vislumbrado “ninguna irregularidad”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su
calidad de querellante, solicitó que Samid sea condenado a siete años de
prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita que causó un perjuicio
al Estado estimado en 28 millones de pesos. (DIB)

 
 

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