Piden 10 años a seis policías acusados de secuestrar a un hombre en La Matanza

La Plata, mar 26 (DIB).- Un fiscal solicitó en un juicio
oral que seis policías del partido bonaerense de La Matanza sean condenados a
10 años de prisión por el secuestro extorsivo de un hombre al que amenazaron
con cortarle un dedo, en la localidad de Virrey del Pino en 2017, informaron
hoy fuentes judiciales.

El pedido del fiscal Marcelo García Berro lo realizó ante el
Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín que este jueves a las 12 dará a
conocer el veredicto en el edificio ubicado en Pueyrredón 3728 de ese distrito.

Fuentes judiciales informaron que el representante del
Ministerio Público requirió diez años y un mes para Alejandro Gabriel Gómez y
diez años para María Florencia Romero, Matías Ezequiel Britez, Juan Leonel
Peña, Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez ?todos ellos
oficiales de la Policía Local de La Matanza.

El fiscal García Berro dio por acreditado que los efectivos
cometieron los delitos de “secuestro extorsivo agravado por el empleo de
armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de
seguridad y por el número de intervinientes”.

Además, el funcionario judicial desistió de acusar a Mario
Mauricio Puñales, un ciudadano que prestaba servicios de vigilancia, por lo que
el TOF 1 ordenó su inmediata excarcelación.

En tanto, los defensores particulares de los policías
solicitaron una serie de nulidades y que todos sean absueltos por falta de
pruebas.

Al respecto, el abogado Ignacio Trimarco, representante de
Romero, dijo que en su exposición planteó la “imposibilidad de analizar
las declaraciones de la supuesta víctima y de los testigos presenciales dado
que no se presentaron al debate, lo que impidió que sean interrogados para
contrastar las contradicciones”.

En su alegato, el fiscal García Berro aseguró que los
policías secuestraron a un vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino
el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45.

Según la acusación, aquel día, el hombre caminaba junto a
una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la
Policía Local de La Matanza, del que descendieron Peña y Gómez ?con sus armas
reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo.

En ese momento, uno de los efectivos le refirió:
“Sabemos que sos transa, sabemos que tu papá es transa, llamá a tu papá
para pedirle dinero”.

Para el funcionario judicial, esa maniobra contó con el
apoyo de Britez y Romero, quienes también estaban uniformados, armados y se
desplazaban en un móvil policial.

La víctima, quien les había respondido que su padre estaba
muerto, fue trasladada a un descampado, ubicado en el kilómetro 40 de Virrey
del Pino, y durante el trayecto, uno de los policías le sustrajo una billetera,
en cuyo interior había 30 pesos, papeles y su cédula de identidad expedida por
la República del Paraguay.

Una vez en el baldío, al hombre, que no se presentó a
declarar ante el TOF 1 pero su testimonio fue incorporado por lectura, lo
obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.

Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de
llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp y en el cual armaron un grupo
titulado “Ponela Tío”, que tenía como integrantes a los efectivos
policiales imputados.

Durante su cautiverio, los patrulleros ?tres en total- iban
y venían, mientras que algunos de los efectivos golpeaban a la víctima, lo
amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, incluso, Gómez disparó
dos veces contra el suelo cerca donde estaba parado el joven, según la
fiscalía.

Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había
conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar el rescate y dárselos al día
siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45, lo volvieron a subir a uno de
los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.

Tras sus detenciones y al ser indagados en la etapa de
instrucción, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un
“procedimiento” por comercialización de estupefacientes, uno se negó
a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber
desbaratado una red de proveedores de narcóticos. (DIB)