La Plata, mar 25 (DIB).- El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación declaró hoy la “emergencia en materia
penitenciaria” en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF) con el
fin de “mejorar las condiciones de privación de la libertad”.
La medida se tomó a través de una resolución que lleva la
firma del ministro Germán Garavano y mañana se publicaría en el Boletín Oficial
de la Nación, con lo que entraría definitivamente en vigencia.
Según datos del SPF la población carcelaria en unidades
federales es de 13.773 internos, unos 1.500 más que el total de la capacidad (12.235).
En tanto, otro dato llamativo es el crecimiento de alojados en prisiones en los
últimos tres años, si se tiene en cuenta que en diciembre de 2015 llegaban a
10.274.
En las últimas semanas la Justicia había profundizado sus
críticas sobre la situación del servicio penitenciario. Tal es así que a
mediados de este mes la Cámara del Crimen señaló en un fallo la “paupérrima
situación” en la que se encuentran las cárceles por el “aumento sostenido de
los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento”.
La pronunciación de la Cámara estaba vinculada a la
situación de la Unidad 28 (la Alcaldía del Palacio de Tribunales porteños) por
el reclamo de presos que llegaron a estar alojados allí una semana, cuando se
trata de una prisión de tránsito para unas pocas horas (destinada a los
reclusos que van a cumplir con algún trámite judicial).
En la resolución que se conoció hoy, el Gobierno señaló que
“la población penitenciaria alojada en establecimientos del SPF ha
experimentado un incremento significativo en los últimos años”. El Ejecutivo
considera que este crecimiento está vinculado a “las políticas exitosas de
seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir
la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”.
La resolución crea una “comisión de emergencia en materia
penitenciaria”, en el ámbito de la Secretaría de Justicia, que deberá reunirse
de manera quincenal en el transcurso de los tres años.
En provincia de Buenos Aires, la medida afectará a los
complejos penitenciarios federales instalados en los distritos de Ezeiza,
Marcos Paz, Lomas de Zamora, Campo de Mayo (San Miguel) y La Plata. Vale
recordar que organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también vienen alertando sobre
hacinamiento en cárceles y comisarías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
(DIB) MT
