La Plata, mar 6 (DIB).- El juicio por las inundaciones en La
Plata que dejó un saldo de 89 muertos y consecuencias millonarias se cerró en
medio de un escándalo: el único acusado, Sergio Ariel Lezana, funcionario de
Defensa Civil de esa ciudad, aceptó su culpabilidad y pagará una multa de
$12.500.
“Reconozco que no he cumplido mi función como director
de Defensa Civil”, aseguró Lezana ante la jueza Claudia Grecco, y pidió
que se le aplique el máximo de la condena por el delito de “incumplimiento
de los deberes de funcionario público”. De esta forma se estableció la
pena que consiste en el pago de $12.500 y un año de inhabilitación para
ejercer cargos públicos.
En la primera audiencia del juicio oral se cerró el debate,
ya que la jueza, tal como lo indica en marco legal vigente, homologó y fundó el
acuerdo al que arribaron el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di
Nardo. En tanto, los abogados Marcelo Peña y Horacio González Amaya recusaron
al fiscal, pero la jueza no hizo lugar al planteo por entender que fue hecho
fuera de término legal.
La resolución golpeó a los familiares de las víctimas de la
trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013, que oficiaron como particulares
damnificados en el expediente. En este contexto, asambleístas de la inundación
de distintos barrios de la capital provincial se manifestaron en la puerta de
los tribunales de 8 entre 56 y 57 en reclamo de Justicia y por la imputación de
dirigentes locales y provinciales.
Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito
de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía
un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como
tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de
voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.
La pena es irrisoria si se compara con la cantidad de
muertos o con que el 80% de los platenses fueron afectados por el diluvio: 165.037
“impactados directos” y 357.500 “afectados indirectamente”,
con daños de $4.000 millones.
Cabe recordar que existe una causa que tramita en la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, donde se investiga la trama
política de la tragedia. (DIB) FD
