La Plata, feb 18 (DIB).- El juez Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, rechazó este lunes una medida cautelar colectiva que impulsaron principalmente intendentes y legisladores del PJ para frenar la última suba de la tarifa eléctrica, pero evitó expresarse sobre la cuestión de fondo, y pidió al Gobierno que justifique los aumentos.
El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata rechazó la
medida cautelar solicitada en el marco de una acción colectiva destinada a
obtener la nulidad de los últimos aumentos del 55% para el área metropolitana.
En tanto, el magistrado admitió la legitimación para promover
la demanda por parte del Centro para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad (Cepis) y de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y
Consumidores (Adduc).
Pero en paralelo la desestimó respecto de otra asociación y
dirigentes sociales, del Defensor del Pueblo bonaerense, senadores, diputados e
intendentes, mayoritariamente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
No obstante, consideró que no tiene elementos aún para
determinar la “razonabilidad” de los últimos aumentos e intimó al Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría de Gobierno de Energía, así como al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad, para que brinde esa información en un lapso de 5
días desde que sean notificados.
En el fallo, Recondo ordenó “rechazar in límine la
acción colectiva promovida por el señor Defensor del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, la Asociación Civil Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores),
los señores diputados, senadores, intendentes y dirigentes sociales que
suscriben la demanda, según Considerandos que anteceden” a la vez que
decidió “reconocer legitimación activa a las asociaciones: Centro de
Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y Asociación
de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores”.
Así, Recondo pidió al Poder Ejecutivo que aporte los
argumentos que sostienen la última suba decretada para las distribuidoras Edesur
y Edenor, y que no afecta a las distribuidoras provinciales como EDEA, EDES,
EDEN, Edelap y las cooperativas que operan en el interior provincial.
Como informó DIB oportunamente, en la presentación los intendentes
y legisladores de Unidad Ciudadana, en conjunto con el Cepis y las organizaciones
de consumidores, consideraron que los nuevos aumentos “vulneran el
principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la
Corte Suprema en el fallo Cepis de 2016, cuando dictaminó que las tarifas deben
cumplir con el criterio rector de gradualidad y estar acordes a los niveles de
ingreso de los ciudadanos”.
Con el recurso de amparo la oposición intentaba frenar el
último aumento del 55% de la tarifa eléctrica del área metropolitana anunciada
por el Gobierno nacional, y cuyo primer tramo, del 26%, se implementó desde el
1° de febrero. (DIB) MCH