La Plata, feb 13
(DIB).- El juez de Garantías Carlos Villamarín elevó hoy a juicio la causa por
las dos muertes ocurrida en un recital de Carlos “El Indio” Solari en Olavarría
y aunque desvinculó al músico, encuadró a los productores Carlos y Matías
Peusovich y Gustavo Zurita de homicidio agravado y lesiones culposas, al tiempo
que ordenó al Ministerio Público que investigue la
“posible participación de delitos de orden público de los funcionarios
municipales”.
En su
resolución, el magistrado indicó que es no se ha podido probar que Solari haya
tenido alguna responsabilidad en los incidentes que derivaron en las muertes de
Juan Bulacio y Javier León, asfixiados en las primeras líneas próximas al
escenario montado en el predio La Colmena, en Olavarría, donde se estima que
había más de 200.000 personas, casi un 25% más del máximo habilitado, indicó el
diario local El Popular.
Los
disturbios se produjeron durante el inicio de la presentación, cuando habían
transcurrido los primeros tres temas. Cumplido el rescate de los heridos todo
continuó con absoluta normalidad, aun cuando ya se conocía el trágico saldo Lo
que ahora piden en particular a la fiscalía es que tome copias de lo actuado en
el expediente y vuelva a enfocar la pesquisa sobre eventuales responsabilidades
de la gestión del intendente Ezequiel Galli.
Cree
que desde ése ámbito pudo haber comisión de delitos en cuanto a no respetar el
factor ocupacional y permitir la venta de alcohol, ya sea dentro como fuera del
lugar donde se desarrolló aquel show del 11 de marzo de 2017, que pudo haber
marcado la despedida de presentaciones en vivo del ex líder de Los Redonditos
de Ricota.
Durante
este proceso judicial solo se lo convocó a declarar como testigo. David
Carballo, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales del Departamento
Judicial Azul, había considerado que los imputados incurrieron en el delito de
estrago. Villamarín entiende que los episodios que se han tenido por
acreditados, tuvieron su puntal en esta superación en la capacidad posible de
concurrentes”, pero considera que “lejos está de poder asignarse a lo
sucedido” aquella calificación.
Dice el juez que
semejante imputación “menos aún puede equipararse a lo que la doctrina
evoca como ejemplos”, y cita la invasión de lava volcánica, utilización de
gases tóxicos a gran escala, derrumbe de una mina, la producción de una
avalancha sobre la población o las destrucciones a cañonazos o por embestidas
de tanques de guerra.
En la
resolución que Villamarín eleva a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul
manifiesta que los hermanos Peuscovich -responsables de “En Vivo”,
habituales productores de los shows de Solari- y Zurita son “posibles
autores” de homicidio culposo. Y también de lesiones culposas sobre otras
ocho víctimas. Los tres permanecen en libertad.
Quita
entonces a Solari de la lista de sospechosos y vislumbra ampliarla con ese
pedido al fiscal para que revise el desempeño de los funcionarios municipales,
encargados de habilitar el predio y controlar gran parte del movimiento
periférico del recital, como es la venta ambulante, inspecciones de
instalaciones y certificación de cantidad de público.
“Quienes
hayan tenido responsabilidad en la organización del evento y/o convalidaran la
venta de bebidas alcohólicas durante su desarrollo, obraron en atentado a la
normativa citada, sea por promoción de la comercialización de bebidas
alcohólicas, o por avalarla u omitir el control que la permitiera.”, afirma
el magistrado de Olavarría. El otro dato que compromete a los funcionarios es
el que surge de los permisos e informes de habilitación del predio para el show
y los peritajes posteriores sobre la ocupación real que esos lotes
tuvieron.
Villamarín
cita que el predio tenía una capacidad ocupacional de 129.270 personas y aun
así la comuna lo habilitó para 155.520. La producción reconoció la venta de
196.032 entradas y el informe final, en función de fotos y videos, establece
que la concurrencia aquella noche fue de 243.498 personas, lo que significaría
casi duplicar lo permitido. En ese mismo escrito el juez resalta que la
fiscalía tenía elementos para avanzar en la investigación y posible imputación
de los funcionarios municipales, pero no lo hizo.
“Si
se sostiene desde la misma acusación infracciones determinantes en los sucesos
acaecidos y los mismos tienen constancia legajada en que confluyeron
responsabilidades de funcionarios públicos, nada se dijo, nada se investigó y
se tuvo como si no estuviera dentro de los deberes de objetividad que incumbe a
su función”, cuestiona. (DIB)