Sectores eclesiales y laicos católicos, contra bajar la edad de imputabilidad

La Plata, ene 10 (DIB).- La Comisión de Derechos Humanos por
la Inclusión, que integran -entre otros- curas villeros y religiosos, expresó
hoy su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de
imputabilidad, y señaló que la iniciativa es “demagogia punitiva” y
tiene “fines electorales”.

En un sentido semejante se manifestó la Comisión de Niñez y
Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires, que advirtió que
medidas de este tipo “profundizan las heridas sociales” y
“parecieran estar destinadas a ampliar la exclusión social”.

Al respecto, advirtió que “las jóvenes generaciones
necesitan políticas de promoción de su dignidad y sus derechos” ya que,
según un estudio de la Unicef que citaron, “el 48,2% de los niños, niñas y
adolescentes en la Argentina se sitúan en el plano de la pobreza”.

“Siguiendo el pensamiento del papa Francisco afirmamos
que “ningún niño es descartable” y, en cambio, a todo niño, niña o adolescente
se le deben garantizar la integridad de sus derechos”, afirmó la Comisión
de Niñez en un comunicado de prensa.

Por su parte, la comisión de Derechos Humanos asentó su
firme oposición “a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad,
mucho más en este contexto social” ya que si bien “la discusión sobre
la responsabilidad penal juvenil está pendiente” ésta “no puede darse
en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”.

“Hacemos responsables a los dirigentes, gobernantes y
comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad “bolsonarizada”
quiere escuchar, aún a costa de sacrificar por unos votos la dignidad
inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”, agregaron los
integrantes de esta comisión.

Consideraron también que “pensar la baja de la edad de
punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto
social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los
caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos
sociales”.

La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, conformada
el año pasado por curas villeros, religiosos y laicos comprometidos con el
trabajo social de las zonas vulnerables, recordó que, ya en enero de 2017, la
Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia se había
manifestado en contra de bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.

“Dos años después, otra vez en enero, resurgen las
mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su
complejidad. En este sentido, queremos señalar que el contexto de crisis
acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene
sobre la juventud”, advirtieron.

Por último, señalaron que “la escuela, la vivienda y la
salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden
pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios
que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la
sociedad baja notoriamente”.

La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión está
integrada por los sacerdotes José María “Pepe” Di Paola, Lorenzo
“Toto” De Vedia y Carlos Olivero; los religiosos Yolanda Galka,
Cecilia Lee, Daniel Romanín; el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno;
Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio, y Alberto Palacio.
(DIB)