La Plata, ene 8 (DIB).- El Gobierno bonaerense oficializó
hoy la suspensión por otros seis meses de la resolución que le prohíbe a los
municipios cobrar tasas en las facturas de luz, una medida que también
beneficia a las cooperativas de servicios.
La medida, adelantada por DIB el domingo, fue publicada hoy
en el Boletín Oficial a través de una resolución del Oceba, el organismo de
control en materia eléctrica.
La medida debía entrar en vigencia el 1° de enero, pero fue
aplazada por 6 meses más. Aunque la medida se da a conocer ahora, surgió como
parte de los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2019, a principios de
diciembre.
La resolución original, aprobada el 8 de mayo pasado,
establecía que las facturas de luz no podían contener conceptos “ajenos a
la prestación del servicio de energía eléctrica”.
Esto afectaba directamente a los intendentes, que durante
años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole,
aprovechando el alto porcentaje de cobrabilidad que les aseguraba. La ecuación
era sencilla y altamente redituable: los usuarios debían pagar sí o sí para
evitar cortes en el servicio.
Pero la prohibición también perjudicaba a las cooperativas
del interior provincial, quienes bajo la misma lógica que los municipios
incorporaban a las boletas de luz los diferentes servicios que prestan, muchas
veces reemplazando las funciones del Estado. Por esa vía, sostenían mutuales,
sepelios y emergencias médicas, cuya cobrabilidad no podían asegurar de otra
forma.
Tras la polvareda que generó la medida, el Oceba resolvió a
fines de junio postergar su aplicación hasta el 1° de enero, bajo el argumento
de que “el cumplimiento de la medida implica para los municipios
modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los
distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación”.
Ahora, en una resolución similar, el organismo de control
pateó hasta el 1° de julio la vigencia de la medida, al sostener que “a la
fecha subsisten las razones invocadas” oportunamente.
Pero más allá de las explicaciones técnicas, la decisión
tiene un trasfondo político: fue un pedido unánime de intendentes del
oficialismo y de la oposición, ante el panorama que presentaba la negociación
del Presupuesto 2019. Aquejados por el recorte de fondos coparticipables (como
el Sojero) y ante el posible traslado de subsidios a sus distritos, los jefes
comunales pidieron entonces mantener el cobro de tasas en las facturas de
servicios, aduciendo que la prohibición les haría desplomar la recaudación en
momentos en que necesitaban suplir con recursos propios aquellos que Nación
dejaba de enviarles.
La prohibición ahora prorrogada se estableció originalmente
en el marco de la decisión del Gobierno de María Eugenia Vidal de eliminar los
impuestos provinciales que gravaban el consumo eléctrico, como un gesto hacia
los usuarios que reclamaban por los constantes “tarifazos”.
En efecto, a fines de abril la mandataria bonaerense derogó
por decreto y a través de leyes aprobadas por la Legislatura una serie de
impuestos a las tarifas de servicios, cuya recaudación no se destinaba a los
destinos que habían sido fijados oportunamente.
En conjunto, las medidas del Ejecutivo habían generado una
baja del 10,4% en la luz, del 6,3% en el gas y del 3,2% en el agua. Además, en
junio y tras más de un mes de intensas negociaciones con la oposición, el
oficialismo logró que la Legislatura avale la eliminación de dos impuestos a
las tarifas que eran recaudados por los municipios. Los mismos dejaron de ser
pagados por los usuarios, pero se habilitó a los intendentes a aplicarle un
tasa a las prestadoras, de forma de recuperar la recaudación. (DIB) JG