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14/06/2021
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La OEA cuestionó el fallo por el caso de Lucía Pérez

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La Plata, dic 4 (DIB).- Especialistas en violencia de género
de la OEA  (Organización de los Estados
Americanos) cuestionaron el fallo del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del
Plata que absolvió a los imputados por el abuso sexual seguido del femicidio de
Lucia Pérez, y solo los condenó por tenencia y comercialización de
estupefacientes, y le pidieron a la Corte Suprema que lo revise.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (conocido por su sigla, Mesecvi) le envió una carta
al máximo tribunal argentino, en la que le expresó su preocupación por la
sentencia y le señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó
en distintos casos que el uso de los estereotipos de género en la actuación de
los operadores de justicia representa “una clara violación a los derechos
humanos de las mujeres”, entre los que se encuentran el derecho a vivir libre
de violencia y el derecho a la justicia y a los recursos judiciales.

En el texto, que publicó el diario marplatense La Capital,
expresaron: “Para este Comité, los criterios que han sido utilizados en esta
sentencia construyen en la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia
contra las mujeres y reflejan claros estereotipos de género utilizados para
decidir el caso”.

Y añadió: “Recordándoles a los jueces integrantes de la
Corte el compromiso de la Argentina a respetar lo establecido en la Convención,
insta a la institución que Ud. tan dignamente preside a rectificar esta
decisión y a tomar todas las medidas necesarias para proporcionar un efectivo
acceso a la justicia para los familiares de Lucía Pérez y se pone a disposición
para cualquier apoyo técnico que la Corte pueda requerir”.

El Comité recordó que el artículo 7 de la Convención de
Belém do Pará establece que los Estados parte deben actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y
tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de
la violencia contra la mujer.

El artículo 8 establece que los Estados deben fomentar la
educación y capacitación del personal en la administración de justicia,
policial y demás funcionarios. (DIB) MCH

 
 

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