La Plata, nov 21 (DIB/AMPLIACI??N).- El Gobierno nacional les
prohibió a las cooperativas eléctricas de todo el país cobrar en sus facturas servicios
ajenos a la distribución de energía, una medida que complica el funcionamiento
de estas asociaciones con fuerte inserción en el interior bonaerense, y afecta
de rebote a muchos intendentes bonaerenses.
La orden fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y dispone
que en un plazo máximo de 30 días “las cooperativas prestadoras del servicio público
de distribución de energía eléctrica deben facturar tal servicio de forma
autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
La medida alcanza a todas las cooperativas del país, entre
ellas a las 202 que funcionan en territorio bonaerense. En la actualidad, éstas
incluyen en las facturas el cobro de otros servicios que prestan, en ocasiones
supliendo tareas del Estado, como el caso de los sepelios o los traslados en
ambulancia.
Sin embargo, la resolución publicada hoy rompe con esa
modalidad, obligando a las cooperativas a cobrar por separado cada uno de los
servicios. Pero además la medida afecta a muchos intendentes de la provincia de
Buenos Aires, que utilizan las facturas eléctricas para cobrar tasas de
servicios y otros cargos extra, aprovechando la alta tasa de cobrabilidad que
poseen.
En rigor, en la provincia de Buenos Aires una medida similar
comenzaría a correr el 1° de enero próximo, merced a la prórroga de una ley
aprobada a mediados de este año, que obliga a todas las prestadoras a no
incluir en la factura conceptos ajenos al servicio. Sin embargo, algunos
intendentes, incluso del oficialismo, lo habían puesto en la mesa de
negociación del Presupuesto para continuar utilizando el sistema. La medida
nacional echa por tierra esos intentos.
Pedido presidencial
La medida había sido reclamada ayer por el presidente Mauricio
Macri, quien hoy celebró la reforma a través de Twitter. “Es una medida
importante para los usuarios. Antes de esta decisión podían sufrir cortes por
falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de
energía. Ahora van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué
cobra la cooperativa como adicional”. Según explicó el mandatario, la
resolución fue promovida por el pedido de un vecino de Luján durante un
timbreo.
Tras esa queja, en el Gobierno derivaron la preocupación al
Instituto Nacional de Asociativitismo y Economía Social (Inaes), la autoridad de
aplicación del régimen legal de las cooperativas, que finalmente emitió una
resolución, previa consulta a la Procuración Nacional del Tesoro, la
dependencia que se encarga de las cuestiones jurídicas más sensibles del
Ejecutivo.
En su resolución, el Inaes estableció que “es conveniente
entonces arbitrar mecanismos para asegurar que las cooperativas diferencien
materialmente en su facturación todos los rubros o conceptos adicionales no
vinculados directamente con el servicio público que brindan”. (DIB) FD/JG