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14/05/2021
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Preocupación entre intendentes oficialistas por el traspaso de subsidios

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La Plata, nov 13 (DIB).- Los casi $ 13 mil millones en
subsidios que la Provincia prevé transferir a los municipios en el Presupuesto
2019 generan inquietud entre los propios intendentes del oficialismo, que ya
avisaron que no podrán asumir todos los costos y que buscarán “compartir
gastos” con el Gobierno bonaerense.

Con los proyectos de presupuesto “congelados” a la espera de
mayores precisiones y la falta de información acerca del impacto real que
tendrá en sus economías, los jefes comunales comenzaron una ronda de consultas
entre ellos para conocer los alcances de las medidas económicas incorporadas a
la “Ley de leyes” para el próximo año. Los radicales, por su parte, empujaron a
una reunión con legisladores de su partido, mañana, de la que se espera la
participación del vicegobernador Daniel Salvador.

Como viene informando DIB, el Presupuesto 2019 prevé una
transferencia de gastos a los municipios por $ 12.984 millones: $ 8.000
millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $ 2.450
millones por subsidios al transporte; y $ 2.500 millones para el sostenimiento
de la Ceamse (que impacta íntegramente en el Gran Buenos Aires).

Esto, que supone grandes desembolsos para las comunas, se
profundiza con restricciones en el renglón de los ingresos: la Ley Impositiva
pone un tope del 38% al aumento de tasas municipales; el año que viene se
eliminará definitivamente el Fondo Sojero (fue dado de baja en junio, pero
hasta fin de año las comunas reciben una compensación por el 70% de lo que les
correspondía en 2018); y también vence la prórroga para seguir cobrando una
tasa del 6% a los consumos eléctricos por el uso del espacio aéreo por parte de
las prestadoras. Además, habrá más restricciones para el gasto del Fondo
Educativo.

 

Preocupación y reuniones

En este escenario, varios intendentes del oficialismo
comenzaron a expresar su “preocupación” por los desembolsos que deberán
realizar. Y aunque sostienen que se trata de un “esfuerzo” que deben realizar
todos los estamentos del Estado, advierten que en muchos casos no van a poder
responder con recursos propios, y proponen llegar a un acuerdo para dividir los
costos del ajuste.

“El impacto va a ser importante. Negociaremos para compartir
el gasto en función de no desfinanciarnos”, señaló a DIB el intendente de
Bragado, Vicente Gatica, al tiempo que aseguró que “si somos parte de la
solución debemos dar una mano, pero tener que ver luego de no tener problemas
nosotros”.

Ante este escenario de incertidumbre, la mayoría de los
jefes comunales pidieron una prórroga para la presentación de los presupuestos
locales, ya que no tienen precisiones sobre qué gastos deberán afrontar. Por lo
pronto, esta semana el Ejecutivo enviará los datos macroeconómicos, donde
tendrán el detalle, entre otras cosas, de cuánto será la coparticipación
proyectada.

Una de las mayores preocupaciones de los intendentes es la
tarifa social eléctrica: muchos desconocían la situación en su distrito y tras oficializarse
la decisión de la Provincia de traspasar ese subsidio pidieron detalles a las
empresas prestadoras. Las respuestas sorprendieron a más de uno. Aníbal Loubet
(General Guido) sostuvo que en esa condición se encuentra el 40% de los usuarios
totales del distrito, mientras que Franco Flexas (General Viamonte) calculó que
los gastos de un año representan la masa salarial de un mes, algo así como un “segundo
aguinaldo”, difícil de afrontar para la comuna.

En cuanto a los ingresos, algunos jefes comunales expresaron
su preocupación por el tope al aumento de tasas: si bien muchos consideran que
el 38% va más allá de las posibilidades de los contribuyentes, otros marcan
que, en algunos casos como la Tasa Vial, se deben tener en cuenta la acción de
la inflación sobre los insumos, como el gasoil. “Deben contemplar nuestra
mirada. El tope de tasas es competencia de los municipios”, sostuvo Flexas.

También hay preocupación por la restricción del Fondo
Educativo: el proyecto contempla que las comunas del interior deben destinar el
70% a obras de infraestructura. Algunos intendentes sostienen que en sus
distritos no tienen la necesidad de elevar la inversión, pero sí advierten que
con el resto solventan cursos de formación gratuitos, becas de estudio y el
funcionamiento de casas de estudiantes en las localidades que concentran la
mayor oferta de educación superior.

La eliminación definitiva del Fondo Sojero también “es un
problema”, según reconoce David Hirtz (Adolfo Alsina) así como también la
eliminación, desde 2019, de la tasa del 6% que se cobra con las facturas
eléctricas. “No podemos resignar ese ingreso porque con eso compensamos parte
del alumbrado público”, indicó el intendente del sudoeste. En ese marco,
trascendió que existen gestiones a nivel provincial para que las comunas puedan
seguir cobrando la tasa sin trasladarla a los usuarios: las empresas podrían
absorber el 50% y el resto se ajustaría en los montos previstos para obras.
(DIB) JG

 

 
 

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