La Plata, nov 7 (DIB).- La Corte Suprema realizó este
miércoles la primera de las dos audiencias públicas a las que convocó antes de
pronunciarse sobre la causa que inició la empresa Farmacity, que busca declarar
inconstitucional la Ley provincial de Farmacias 10.606 que le prohíbe operar en
territorio bonaerenses
En esta ocasión expusieron 15 amicus curiae (amigos del
tribunal), personas físicas y representantes de entidades que hablaron a favor
y en contra de la medida solicitada por la compañía. De ese total, 9 rechazaron
la instalación de Farmacity y 6 se mostraron de acuerdo con su desembarco.
La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que los
ministros Carlos Rosenkranz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir por
tener una relación previa con la compañía.
Mientras tanto, farmacéuticos de toda la provincia que
rechazan el desembarco de Farmacity protestaron en los alrededores del Palacio
de Justicia, ubicado en Talcahuano al 550, en la Ciudad de Buenos Aires. En
tanto, la atención en las farmacias estuvo restringida en territorio
bonaerense. La mayoría de los comercios permanecieron cerrados y en cada
localidad se garantizó el servicio de guardias.
Los oradores que defendieron la demanda que presentó la
cadena comercial señalaron que la Ley Provincial 10.606, que prohíbe que las
farmacias estén en manos de sociedades anónimas, “genera un virtual monopolio a
favor de los locales ya establecidos” en ese distrito y “perjudica la
competencia”.
Así lo manifestó, Victor Carricarte, de la Asociación de
Empleados de Farmacia, quien señaló que “la ley de farmacias (10.606), con su
restricción a ciertos tipos jurídicos, perjudica a los farmacéuticos que
carecen de medios económicos para ser propietarios de farmacias”. Y en este
sentido, indicó que el modelo de cadenas como Farmacity, “contribuye con la
generación de empleo formal y oportunidades de desarrollo profesional para los
farmacéuticos en relación de dependencia”.
Por su parte, Sebastián López Perera, sociólogo y
estadístico, también expuso argumentos a favor de la cadena y sostuvo que no
está garantizado un servicio farmacéutico equitativo para todos los habitantes
de la provincia por su localización y distribución. Y citó el caso de José C.
Paz, donde según dijo, hay una farmacia cada 10.000 personas.
El profesor de derecho constitucional y defensa de la
competencia, el rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, señaló
que “estas regulaciones vulneran derechos constitucionales a la libre
elección y a la salud”, y manifestó que “es la competencia lo que
garantiza que no haya ganancia excesiva, porque cada oferente sabe que si sube
los precios o baja la calidad, los consumidores migraran a otras
opciones”.
Mientras que quienes expusieron en contra de la firma, entre
ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, opinaron que Farmacity
actúa “como si vender medicamentos fuera igual que vender electrodomésticos” y
que las normas sobre la comercialización de remedios “debe corresponder a la
regulación local” y no a la nacional.
“Tenemos en la provincia cerca de 14 mil farmacias, que
tiene una distribución geográfica mucho más grande que las cadenas que se
ubican en lugares comercialmente atractivos”, dijo el exministro.
Asimismo, el doctor en derecho, Andrés Gil Domínguez,
destacó que “el medicamento es un bien social. Y que el derecho a la salud es
competencia no delegada de la provincia de Buenos Aires”. “Pedimos que se siga
apostando por un federalismo en el que se resguarde y se protejan las
particularidades locales en lo que respecta al derecho a la salud, el
medicamento como bien social y la protección de la profesión de farmacéutico”.
El próximo miércoles, según dispuso la Corte, será el turno
de las partes en el litigio para que desarrollen ante el máximo tribunal sus
argumentos. (DIB) MCH