La Plata, nov 6 (DIB).- La jueza federal María Servini envió
a juicio oral a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y
Jorge Capitanich, al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al ex
titular de la AFA Luis Segura por el delito de “administración fraudulenta
agravada” en la causa que investigó el programa “Fútbol para
Todos”.
Según la resolución difundida hoy, Servini dio por cerrada
la parte principal del expediente y envió el caso para que un tribunal ???que
será sorteado en las próximas horas- lleve adelante el debate y decida si dicta
condenas o absoluciones.
Aunque seguirá investigando la pata financiera de la causa,
al enviar el caso a juicio y concluir una investigación que se inició en
el 2014, la jueza sostuvo que el programa FPT que debía “conjugar el
éxito de una decisión política y social” se transformó en un subsidio a
los clubes que terminaron incrementando sus pasivos.
El 20 de agosto de 2009,
la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció
junto al jefe de la AFA, Julio Grondona, la presentación del acuerdo de
televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Hasta ese momento, los
derechos eran de la firma TyC Sports.
En la resolución de elevación a juicio oral, Servini afirmó:
“A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue
programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una
decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó
perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las
necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró
necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos
más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por
cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos
entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de
diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma”.
“A ello ???añadió Servini- debe sumarse que también se
encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los
clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó,
sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en la causa, es de público
conocimiento y fue reflejado por la opinión pública más de una vez, y
reconocido por todos, que sus respectivos pasivos se incrementaron
sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la
cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP”.
Y agregó: “Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios
aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la
televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de
esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la
ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso
(Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa
privada”. (DIB) FD