La Plata, oct 19 (DIB/AMPLIACI??N).- El fiscal platense
Álvaro Garganta envió a juicio oral al ex gobernador Daniel Scioli y otros ex
funcionarios de su gestión, en la causa que investiga todo tipo de
irregularidades en la provincia de Buenos Aires, y ahora será la jueza quien
decida si acepta ese pedido.
La causa había iniciado por una denuncia de la diputada nacional
Elisa Carrió por lavado de dinero, pero el fiscal decidió acusarlo de los
delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de
influencias y por recibir dádivas cuando estuvo al frente de la Gobernación.
Además de Scioli irán a juicio oral, si es que la jueza de
garantías Marcela Garmendia lo acepta, su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez;
su segundo, Walter Carbone (conocido como el hombre del dragón); el ex director
de Aguas Bonaerense, Gullermo Scarcella; el ex ministro de Salud, Alejandro
Collia; el ex titular del IOMA, Antonio La Scaleia, y el empresario Ricardo
Estanislao Miller, entre otros.
La causa contra Scioli tiene varios desdoblamientos, pero el
fiscal decidió elevar solo cinco de ellos a juicio, y tiene que ver con la
supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública, millonarios
contratos irregulares en ABSA, facturas truchas emitidas desde la Jefatura de
Gabinete y con el programa “Soluciones Ya” y una larga serie de maniobras de
fraude con internaciones domiciliarias y medicación oncológica. En la que están
implicadas un total de 48 personas.
A Scioli lo acusa de haber adjudicado de manera irregular
nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención en la provincia por
$ 117 millones al empresario Miller que luego le compró un terreno en
Villa La ??ata -donde vive Scioli- y con el que tenía una relación personal y
comercial. En el escrito el fiscal considero que el ex candidato a presidente
recibía “dádivas” de parte del empresario. En concreto, la firma
de Miller compró en 2016 el predio por US$ 3.850.000. Scioli había incluido el
terreno en su declaración jurada de 2017 con una valuación de $9 millones, pero
meses más tarde lo vendió en casi $62 millones.
Scioli llegará a la instancia oral, no antes del segundo
semestre del próximo año, inhibido por $189 millones, al igual que Collia, y Miller.
En caso que la jueza Garmendia acepte el pedido del fiscal, la defensa del ex
gobernador y el resto de ex funcionarios apelarán ante la Cámara, lo que
demorará el trámite. Además, hay que recordar que a mediados de septiembre la
Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó
un pedido de juicio político contra Garganta.
La otra investigación troncal es la relacionada al
funcionamiento de ABSA, la empresa estatal de aguas y cloacas, entre 2009 y
2015. El presidente de la firma durante toda la anterior gestión fue Scarcella,
un operador judicial muy cercano a Scioli, sindicado como su presunto
testaferro en la denuncia de Carrió. El ex funcionario está imputado por negociaciones
incompatibles con la función pública, al haber efectuado 22 contrataciones
irregulares de maquinarias por $62.716.000.
Asimismo, la megacausa tiene como uno de sus ejes una
vinculación a supuestos delitos de corrupción en IOMA durante la gestión del La
Scaleia, donde se investiga un gigantesco fraude por más de 650 millones de
pesos entre mediados de 2013 y fines de 2015. Aquí, para el fiscal, una
veintena de personas crearon un circuito paralelo en relación al trámite del
servicio de internación domiciliaria para beneficiar a cinco empresas. (DIB) FD