La Plata, oct 8 (DIB).- El Centro de estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó hoy ante la Justicia
Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra
lo que denominó un “tarifazo de gas extra, en 24 cuotas, impuesto por el
Gobierno al conjunto de los usuarios de ese servicio público.
La acción interpuesta por Cepis pide la declaración de
inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución 20/2018 de la Secretaría de
Energía, por el que todos los usuarios del servicio de gas natural deberán
pagar en 24 cuotas y con interés la diferencia del precio del gas registrada
entre abril y septiembre de 2018 generada por la devaluación.
También pidió el mismo tratamiento para el inciso 5° del
artículo 37 del decreto 1738/92 y para el punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas
de Licencia de Distribución aprobadas por el decreto 2255/92. “Este conjunto de
normativas van en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de
la Constitución Nacional y, por lo tanto, son inconstitucionales y nulas”,
indicó la organización no gubernamental.
Según el escrito presentado ante el juez Adolfo Ziulu, “el
aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y,
por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios
del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los
usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los
contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían
asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos”.
Además, agrega que la resolución “establece tasas de
interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por
la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es
completamente ilegal”.
De esta forma, señala que la resolución es inconstitucional
y nula, y establece que, aún si la Justicia decreta que es legal el traslado
del precio dolarizado a los usuarios, “el Poder Ejecutivo no cumplió con las
audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de
los costos a los ciudadanos”.
No es la primera vez que la Cepis va a la Justica contra un
tarifazo. En abril de este año, presentó un amparo para postergar hasta mayo el
fuerte aumento del gas que iba a regir desde el 1° de abril, un mes antes de lo
que indicaba la normativa. Además, esta organización en 2016 demandó
al Estado con el argumento de que las nuevas tarifas no eran razonables y
violaban la obligación de realizar previamente audiencias públicas. La Corte
Suprema terminó dándole la razón y frenó ese incremento de gas. También hizo
una presentación similar en 2017, cuando hubo dos incrementos de las
tarifas. (DIB) FD