La Plata, sep 12 (DIB).- El juez
federal Sebastián Casanello rechazó hoy el pedido de su par Adolfo Ziulu para
quedarse con la causa que investiga los aportes truchos a la campaña de
Cambiemos, al sostener que su investigación apunta a la posible comisión de un
delito penal y no electoral.
A través de un fallo publicado hoy,
el titular del juzgado federal N° 7, insistió en su jurisdicción sobre las
denuncias, al sostener que “estamos en presencia de procesos de distinta
procedencia”, puesto que su investigación apunta a la posible comisión de
delitos penales, tales como el lavado de dinero, mientras que el expediente que
tramita Ziulu analiza la posible lesión de la Ley de Financiamiento Electoral.
“Para que quede claro: este juzgado
no discute ni disputa la atribución de la justicia federal electoral de revisar
las cuentas y aplicar las sanciones previstas para quienes de algún modo
infrinjan el régimen de financiamiento de los partidos políticos o sus campañas
electorales”, sostuvo Casanello en su fallo, para agregar que “lo que estamos
defendiendo es la competencia para juzgar delitos que no son de competencia
electoral”.
A fines de agosto, Ziulu reclamó
centralizar todas las causas sobre los aportes truchos en su juzgado, el único
con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. De este modo, solicitó
a sus colegas Casanello y Ernesto Kreplak la “inmediata remisión de las
actuaciones labradas” a raíz de las denuncias por la inscripción como
aportantes de Cambiemos de personas que niegan haber realizado esa contribución.
Ziulu defendió la remisión de las
causas a su juzgado al sostener que se trata de un fuero especializado
“que tiene por fin último resguardar el sistema republicano y democrático
estatuido”. En ese marco, indicó que si “otros órganos
jurisdiccionales con extraña competencia se encuentran igualmente facultados
para controlar los procesos electorales, quiebra la unidad del sistema
instaurado”. El pedido fue sostenido además por los abogados de Cambiemos,
quienes insisten en que la investigación se desarrolle en el ámbito penal.
Ahora deberá esperarse la respuesta
del juez federal Ernesto Kreplak, quien también tramita una causa similar. Pero
la última palabra la tendrá la Cámara Nacional Electoral, que deberá definir a
qué juzgado le corresponde la competencia.
El caso
La denuncia surgió a raíz de una
investigación del sitio El Destape, que comprobó la existencia de cientos de
aportantes “truchos” a la campaña de Cambiemos, en su mayoría
personas de bajos recursos, beneficiarios de planes sociales, que negaron su
participación.
Los aportes van desde $ 300 a $
1.500, y se estima que en total las irregularidades superarían el millón de
pesos, si se suma ?como lo determinó una pericia judicial- la participación de
empresas privadas a través de la inscripción irregular de empleados y
directivos.
El caso cobró un mayor volumen
político cuando varios excandidatos aseguraron no haber realizado aportes, pese
a figurar en los registros. Entre ellos se cuenta al intendente de Mar del
Plata, Carlos Arroyo, enfrentado desde hace tiempo a Vidal. Finalmente, el
escándalo terminó con la salida de Fernanda Inza del Gobierno, a cinco días de
haber jurado como contadora general.
(DIB) JG