La Plata, jul 15 (DIB).- El nombramiento de María
Fernanda Inza como contadora general de la Provincia, que María Eugenia Vidal
apuró la semana que pasó a favor de la mayoría que posee en el Senado y el
oportuno apoyo de un representante del massismo, terminó de consolidar una situación con pocos
antecedentes: todos los organismos de control de gestión previstos en la
Constitución están controlados por el oficialismo.
Inza llegó al cargo tras la
renuncia de Gastón Messineo, luego de desempeñarse en la Secretaría Legal y
Técnica, pero fue duramente cuestionada porque el miércoles, cuando la cámara
Alta trató su pliego, ya había estallado el escándalo de los aportantes
“truchos” a la campaña electoral de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich el año
pasado, en la que ella se desempeñó como tesorera de PRO, el partido macrista
“puro” dentro de Cambiemos.
La Contaduría es un organismo
que tradicionalmente queda en manos de un funcionario ligado al gobierno, porque su función es “la fiscalización
del gasto público”, lo que en la práctica implica “firmar las facturas” del
Gobierno, según explican en el
Ejecutivo. Si la Contadora fuese opositora, esa tarea se complicaría mucho. Sin
embargo, tal como informó hoy el diario Extra que edita agencia DIB, las
denuncias agregaron ruido a su designación, además del hecho de que refuerza el
monocolor político en los organismos.
Es que Inza es, además de
amiga personal de Vidal, una PRO “pura”:
se desempeñó en cuatro cargos en el gobierno porteño cuando el actual
presidente Mauricio Macri era su Jefe y también tuvo un paso por el ejecutivo
nacional. Después desembarcó en la secretaría que “cuida” la firma de Vidal, en
reemplazo de Julio Conte Grand, que había asumido como reemplazante de María
del Carmen Falbo en la Procuración de la Corte.
Otro de los organismos
originalmente contemplados en la carta magna bonaerense para controlar la
gestión, no solo del gobierno central sino también de los organismos
descentralizados y también los municipios es el Tribunal de Cuentas. Allí está
al frente Eduardo Benjamín Grimberg, que fue nombrado en 1987, cuando gobernaba
la Provincia el peronista renovador Antonio Cafiero.
De reconocida militancia
radical, el pliego de Grimberg superó la prueba del senado en la época en que
comenzaba a establecerse el criterio de que los organismos de control deben
estar en manos de opositores, algo que Eduardo Duhalde, el siguiente gobernador
peronista respetó, así como Felipe Solá y Daniel Scioli. Sin embargo, en 2015 eso cambió: Grimberg pertenece a un
partido que desde ese año integra la coalición gobernante.
El organismo bajo su control,
además, atraviesa una situación especial: desde 2016, el fallecimiento de una
de sus vocales, la renuncia de otro y la jubilación de un tercero impiden que
se firmen fallos. Los auditores siguen trabajando, pero no existe el quórum
necesario para oficializar sus decisiones y, mucho menos, para imponer
sanciones. La vocalía específicamente encargada de auditar las cuentas del
Ejecutivo es la que lleva más tiempo vacante.
Los tres cargos de vocales,
que requieren acuerdo parlamentario, son apetecidos en el mundillo político
provincial: no solo permiten acceso a información calificada, sino que son
vitalicios, salvo que el titular sea removido por juicio político. Por eso, los
reemplazos quedaron presa de negociaciones políticas que el Gobierno, que en
algún momento evaluó designar solo un representante propio, demora.
Según trascendidos, dos de
las tres vocalías podrían quedar para la oposición, pero aún no hay certezas:
es probable que eso comience a resolverse en paralelo a las conversaciones por
el presupuesto del año próximo, en septiembre. En ese plano, en los últimos días circularon versiones sobre
la posibilidad de que el Ejecutivo
proponga solo un reemplazo, para lo que impulsaría una figura “propia”.
Otros dos organismos clave
también están ocupados por figuras del mismo color político que el de Vidal.
Una es la Fiscalía de Estado, a cargo del radical Gómez, designado durante la
gestión de Daniel Scioli. Gómez, que enfrentó durante el final del mandato de
Scioli intentos de correrlo del cargo, tiene la responsabilidad de controlar la
legalidad de los actos del Gobierno central.
El destino de la Asesoría
General es más curioso: el actual gobierno directamente la eliminó como
organismo autárquico el año pasado y
echó a su titular, Marcelo López Mesa, de extracción radical. Ya incorporada a
la estructura de la Secretaría Legal y Técnica, ahora es comandada por Patricio
Blanco Ilari. Además de quedar rebajada en jerarquía, la Asesoría depende de un
organismo que no tiene comando: el reemplazo de Inza aún no fue ordenado. (DIB)
AL