Provincia y Nación facilitarán mayor acceso a la Justicia en asentamientos

La
Plata, jul 25 (DIB).- Los gobierno nacional y bonaerense firmaron hoy un
convenio para garantizar el acceso a la Justicia en barrios de asentamientos
del conurbano.

La iniciativa
fue rubricada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, junto a su par de
Nación, Germán Garavano, y con la directora del Organismo Provincial de
Integración Social y Urbana (Opisu), dependiente de la Jefatura de Gabinete,
Milagros Maylin. De este modo, se acordó llevar a cabo acciones conjuntas para
lograr mayor acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para los
habitantes del barrio Itatí de Quilmes, Porá de la localidad de Lanús, Carlos
Gardel del municipio de Morón, Costa Esperanza de San Martín, Libertad de
Almirante Brown, y el barrio La Cava de la localidad de San Isidro. 

El
convenio establece que se impulsarán proyectos que apunten a realizar
relevamientos sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en esos lugares; la
instalación de equipos territoriales provisorios para atender requerimientos
socio-legales de los habitantes, como también la puesta en marcha de Centros de
Integrales de Justicia (CIJ), para facilitar la presencia de organismos
públicos relacionados con el acceso a la Justicia. 

“Este
convenio va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y el Gobierno nacional,
que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender a los principios
constitucionales para que el sistema de justicia de respuesta a las crecientes
demandas de la población”, explicó Ferrari. Destacó en esa línea que esto
“es un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio
pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de la
Provincia, dentro del proceso de urbanización e integración social y urbana que
encaramos”.

Por
su parte, Garavano indicó que “estos centros son la puerta de acceso a todos
los servicios del Estado”, y expresó que en estas oficinas “los vecinos podrán
hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas
sociales, tramitar documentación personal,  iniciar mediaciones
comunitarias. Y, además, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social se
colaborará en casos de violencia de género o doméstica, temas de conflictos
laborales o denuncias penales, consultas por PAMI o ANSES”.

De
hecho, el acuerdo se firmó en el marco del proceso de urbanización que lleva a
cabo en los barrios, y el OPISU, una de las partes firmantes, es el organismo
provincial que vela por el acceso a mejores condiciones de hábitat, y busca
promover procesos de regularización de barrios informales. 

Entre
los organismos que prestarán servicios en los CIJ, se encuentran los Centros de
Acceso a la Justicia y los centros de Mediación de ambos ministerios, la
Oficina de la Dirección Nacional de Reincidencia, la Secretaría de Derechos
Humanos de Nación, y las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia
y de la Nación.

Posteriormente,
Ferrari, Garavano, y el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand,
acordaron la creación de una “Guía de Criterios de Actuación en materia de
Protección de Víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad física y
la integridad sexual”, que busca generar una red de trabajo eficaz que
permita  brindar respuestas rápidas y específicas a las víctimas.

El
acuerdo hace hincapié en la necesidad de profundizar la articulación entre los
organismos que intervienen en el proceso de  asistencia a las víctimas a
fin de unificar criterios y desarrollar estrategias de trabajo conjunto. 

La
guía busca garantizar que las víctimas conozcan sus derechos y reciban
información apropiada, que se les brinde una asistencia adecuada a la edad, el
sexo, el género y las necesidades. Además busca brindar una asistencia
multidisciplinar, que ofrezca asistencia y protección evitando la victimización
secundaria. (DIB) FD