Por decreto Macri ajusta el Estado y busca ahorrar más de $20.000 millones

La Plata, jul 10 (DIB).- El Gobierno nacional decidió un
congelamiento en las contrataciones en la administración pública, una reducción
del uso de vehículos oficiales y viajes, y un recorte presupuestario de las
universidades, con el objetivo de ahorrar más de $20.000 millones.

A través del decreto 632/2018 se congelaron las
contrataciones en el sector público hasta el 31 de diciembre de 2019, al mismo
tiempo que prohibió la implementación de bonificaciones y premios, y recortó gastos
en movilidad y viáticos.

Respecto al congelamiento de designaciones, abarca a toda la
estructura del Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal,
las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También
quedan al margen de esta decisión los nombramientos en el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de
Guardaparques Nacionales.

Además, el decreto define que los convenios vigentes
celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u
otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de
enero de 2019.

La norma prohíbe las bonificaciones, premios,
incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta
el 31 de diciembre de 2019.

Respecto a las sumas abonadas en concepto de servicios
extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por
gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan,
dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a
Modernización en el que se contemple “la evolución de los citados
conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30%
para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.

Sobre los viajes al exterior, el decreto establece
que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar
pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete.
En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso
de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso
oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios
como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren
asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, “a los efectos de
posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y
austeridad”. Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió
suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de
vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso. (DIB) FD