La Plata, jul 31 (DIB).- Tras idas y vueltas con sus aliados
María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Mauricio Macri
dio por hecho el traspaso de las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur
a la órbita de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, lo que implica, más
allá de la discusión política, un complejo mecanismo jurídico, técnico y
económico.
“Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia
de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el
gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila”, apuntó Macri,
tras varias semanas de negociaciones, que también incluyen el traspaso del
control del transporte metropolitano, algo que no está cerrado.
“Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los
subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto
por política del Gobierno kirchnerista había un gran desfasaje y es por eso que
las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se
reconozca el verdadero valor de la energía”, dijo el Presidente a radio
Cadena 3.
Como viene informando DIB y en el marco de las negociaciones
con las provincias para avanzar con el ajuste comprometido con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la administración Vidal (junto a la de Larreta) deberá
hacerse cargo del control de un verdadero “monstruo”: Edenor y
Edesur, en su conjunto, triplican la cantidad de clientes de todas las
prestadoras bonaerenses, cuadriplican su consumo y facturación y, por sobre
todas las cosas, multiplican por mucho la exposición de sus problemas técnicos.
Según los números que se manejan, hacerse cargo de la eléctricas
tendría un costo cercano a los $ 35 mil millones.
Por eso, los especialistas aseguran que el traspaso implicaría un aumento en
las tarifas del Conurbano.
En tanto, en el plano jurídico, Edenor y Edesur llevan
adelante una concesión firmada por 95 años con el Estado nacional, con un plan
tarifario para los próximos cinco años, que iguala las tarifas a uno y otro
lado de la General Paz. La transferencia implicaría, a priori, dividir el área
de concesión y, consecuentemente, partir las actuales dos empresas en cuatro,
que deberían firmar nuevos contratos con cada administración. (DIB) FD